El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en el primer exjefe del Ejecutivo en democracia imputado por la justicia de su país. Deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional en el marco del caso Plus Ultra, una investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido durante la pandemia a una aerolínea de capital venezolano.
La citación también menciona gestiones ante autoridades aeronáuticas de Venezuela, empresarios venezolanos, operaciones petroleras, fondos supuestamente vinculados al país y conversaciones en las que aparece incluso Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista. Zapatero, quien se ha declarado "amigo personal" de Rodríguez, ha negado las acusaciones y asegurado que "jamás" realizó gestiones vinculadas al rescate.
El punto más sensible: las operaciones petroleras
El auto judicial detalla conversaciones sobre operaciones petroleras en las que se menciona que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, y "los chinos" estaban listos para comprar barcos, y que había disposición para viajar a reunirse con "La Dama" y el ministro de Petróleo. El juez identifica a Delcy Rodríguez como "La Dama" y cita mensajes según los cuales ella "maneja la asignación directa de los barcos".
Estas conversaciones aparecen en el apartado sobre Inteligencia Prospectiva, una sociedad administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Según el juez, ambos intervenían en asuntos de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, de una forma que excedía la actividad ordinaria de una sociedad mercantil.
La presunta red de tráfico de influencias
El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que habría buscado "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
La resolución describe una estructura con tres niveles: Zapatero en el vértice; Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, como operador e intermediario; y personal administrativo encargado de facturas, documentos y soporte operativo. A esa estructura se habrían integrado sociedades como Whathefav, Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Caletón Consultores, Voli Analítica e Idella Consulenza Strategica, usadas presuntamente para mover dinero y dar cobertura documental a pagos presentados como asesorías.
El rescate de Plus Ultra y sus conexiones venezolanas
Plus Ultra recibió el 9 de marzo de 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros del gobierno español de Pedro Sánchez bajo el argumento de que era una empresa "estratégica". La aerolínea, de capital venezolano, operaba rutas hacia Venezuela, Ecuador y Perú y contaba con una aeronave propia y tres alquiladas. Fue durante años una de las pocas aerolíneas que mantuvo conexión directa entre Madrid y Caracas.
La investigación conecta el rescate con Venezuela por varias vías: gestiones ante el INAC para permisos de vuelo, empresarios venezolanos, operaciones petroleras, fondos supuestamente procedentes del país y negocios internacionales vinculados con petcoke, oro, acciones y divisas.
Los pagos investigados
El auto detalla pagos que, según la investigación, terminaron en el entorno de Zapatero y de Whathefav. Análisis Relevante habría abonado 490.780 euros al expresidente y 239.755 euros a la empresa de sus hijas; Gate Center habría transferido 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav; y el grupo Thinking Heads, 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a Whathefav.
La pieza venezolana de ese flujo es Inteligencia Prospectiva, que registró movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, pese a tener poca actividad económica, y habría transferido 368.258 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center.
Zapatero admitió en marzo, durante una comparecencia en el Senado español por el caso Koldo, que hizo trabajos de consultoría para Análisis Relevante entre 2020 y 2025, por los que cobraba unos 70.000 euros brutos al año. El juez considera que hay indicios de que esos contratos de asesoría pudieron funcionar como cobertura para pagos.
