Semana de alta presión judicial para la administración Petro
La semana del 9 al 13 de marzo de 2026, posterior a las primeras elecciones importantes del año, se caracterizó por una intensa actividad judicial en Colombia que afectó directamente a entidades nacionales y altos funcionarios vinculados al gobierno del presidente Gustavo Petro. Tres instituciones clave –la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Corte Suprema de Justicia– adelantaron acciones de gran peso relacionadas con diversos casos de presunta corrupción, poniendo en entredicho los principios de transparencia y garantía de la función pública durante esta administración.
El caso de Juliana Guerrero y las imputaciones aplazadas
El martes 10 de marzo, la Fiscalía tenía programada la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, figura conocida por su intento fallido de ocupar el viceministerio de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Guerrero no logró acceder al cargo después de que medios de comunicación revelaran que su título como administradora de empresas de la Fundación Universitaria San José era aparentemente falso, situación confirmada posteriormente por la misma institución educativa.
Guerrero no se presentó a la audiencia, argumentando que aún no contaba con un abogado de confianza que pudiera garantizar la protección de sus derechos. Esta fue la segunda ocasión en que la diligencia tuvo que ser aplazada por motivos similares. La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, sostuvo que la teoría del caso apunta a condenar a Guerrero por presuntamente acreditar títulos falsos para acceder a puestos dentro del gobierno nacional.
La funcionaria ha ocupado diversos cargos en la administración Petro, incluyendo roles en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, coordinaciones en el Ministerio del Interior, secretaría ejecutiva de esa cartera y jefatura de gabinete. Incluso el año pasado, el gobierno publicó su hoja de vida para el nombramiento como viceministra de Juventudes, mientras el presidente Petro ha utilizado activamente sus redes sociales para defender las actuaciones de Guerrero.
Los procesos judiciales contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
En otro frente, la Fiscalía imputó cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol designado con influencia gubernamental debido a que el Estado posee la mayoría de las acciones de la empresa petrolera. El 11 de marzo, el ente investigador formalizó la imputación por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el barrio Chicó de Bogotá, según revelaciones de EL TIEMPO.
La fiscal anticorrupción a cargo del caso señaló que Roa habría traficado influencias desde la petrolera para beneficiar con un contrato a Juan Guillermo Mancera, quien le vendió el inmueble. Los cargos no fueron aceptados por el investigado, quien se declaró inocente. Específicamente, se alega que Roa habría pedido a la filial Hocol favorecer con un contrato de regasificadora al policía retirado Mancera.
Para el 12 de marzo estaba programada otra audiencia de imputación contra Roa, esta vez por presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial Petro Presidente 2022, donde el funcionario actuó como gerente. Roa manifestó que no se presentaría, por lo que la diligencia fue reprogramada para el 8 de abril. Como gerente de campaña, habría incurrido en sobretopes al no reportar gastos y donaciones al Consejo Nacional Electoral, con sobrecostos que la Fiscalía calcula en al menos 2.024 millones de pesos.
Investigaciones disciplinarias en la UNGRD por contratos cuestionados
La Procuraduría General formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario a Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en 2023, nombrada por el exdirector Olmedo López –actualmente preso por el saqueo a esa entidad. La investigación se centra en presuntas irregularidades en un proceso contractual para el suministro de elementos de identificación para funcionarios y colaboradores.
Según el ente de control, Castaño, quien también actuaba como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), habría avalado en 2023 el pago de más de 2.000 millones de pesos por esos elementos, a pesar de que un análisis técnico indicó posibles sobrecostos frente a los precios del mercado. La exfuncionaria participó en la etapa precontractual y firmó documentos clave como estudios previos, análisis del sector y el acto de adjudicación.
Además, la Procuraduría abrió otra investigación para establecer responsabilidades de otros exfuncionarios, incluyendo a Michael Oyuela Vargas –secretario general de la UNGRD en 2024– y Rafael Enrique Cruz Rodríguez. El órgano de control busca verificar sus actuaciones frente a la presunta convalidación de requisitos de idoneidad y experiencia de una funcionaria vinculada a la entidad que aparentemente no cumplía con los requisitos para el cargo.
Capturas y juicios contra congresistas por el escándalo UNGRD
El miércoles 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio y ordenó la captura de varios congresistas y un excongresista vinculados al escándalo de corrupción por el saqueo a la UNGRD. Entre los implicados se encuentran los congresistas Wadith Manzur del Partido Conservador y Karen Manrique de la circunscripción especial para víctimas, ambos recién reelegidos el 8 de marzo.
Todos fueron acusados formalmente por el delito de cohecho impropio, es decir, por presunto soborno. Además de Manzur y Manrique, el alto tribunal llamó a juicio a:
- Liliana Esther Bitar del Partido Conservador
- Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal
- Juan Pablo Gallo del Partido Liberal
- El excongresista Juan Diego Muñoz del Partido Alianza Verde
Según la investigación de la Corte Suprema, los congresistas habrían recibido dádivas o beneficios a cambio de comprometer sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, instancia encargada de conceptuar sobre los planes de endeudamiento externo del Gobierno. Los legisladores investigados habrían dado su voto favorable a operaciones de crédito a cambio de beneficios relacionados con contratos o proyectos financiados con recursos de la UNGRD.
Esta serie de acciones judiciales marca uno de los periodos más complejos para el gobierno Petro en materia de justicia, con múltiples frentes abiertos que cuestionan la transparencia en la administración pública y generan incertidumbre sobre el manejo de recursos estatales en diversas entidades nacionales.
