La estrategia de Ricardo Roa para enfrentar la justicia colombiana
En Colombia, la justicia parece moverse a dos velocidades: una para los ciudadanos comunes y otra para quienes ocupan altos cargos públicos. El caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña del presidente Gustavo Petro, ilustra perfectamente esta realidad. Con un juicio pendiente por presuntos actos de corrupción relacionados con financiación de campañas, Roa ha optado por una estrategia conocida en el derecho popular colombiano como la 'jugadita': solicitar vacaciones y licencia no remunerada justo cuando el proceso judicial se acerca a momentos decisivos.
El expediente listo y los testigos citados
La Fiscalía General de la Nación tenía todo preparado: el expediente completo, los testigos debidamente citados y las fechas establecidas en el calendario judicial. Sin embargo, Roa presentó su solicitud de vacaciones, buscando crear una distancia temporal entre su cargo y la audiencia programada. Esta maniobra no es nueva en el panorama político colombiano, donde funcionarios bajo investigación recurren sistemáticamente a vacaciones, licencias, incapacidades médicas o compromisos impostergables para ganar tiempo.
El origen del caso se remonta a denuncias sobre presunta financiación irregular de campañas políticas, específicamente a través de recursos provenientes de figuras como 'Papá Pitufo'. Aunque los implicados aseguraron haber devuelto el dinero, nunca presentaron pruebas concretas de dicha devolución, dejando solo su palabra como único sustento de su defensa.
El cargo como coraza institucional
Lo que Roa comprende perfectamente es que, mientras mantenga la presidencia de Ecopetrol, cuenta con una coraza institucional que lo protege. Esta posición no representa para él una responsabilidad de servicio público, sino más bien un escudo que puede usar cuando conviene y abandonar temporalmente cuando la presión judicial aumenta. Mientras tanto, los procesos se alargan, los testigos pierden interés, las pruebas pierden vigencia y la atención pública se desvía hacia otros escándalos, en un país donde nunca faltan nuevos casos que capturan la mirada colectiva.
"Esta clase política colombiana es adicta al cargo, a la silla, al carro oficial, a la tarjeta de presentación con membrete del Estado", señalan analistas que han seguido de cerca estos patrones de comportamiento.La adicción al poder y la dignidad prestada
El fenómeno trasciende el caso particular de Roa y revela una característica profunda de ciertos sectores de la clase política colombiana: una adicción al poder y a los privilegios que este conlleva. No se trata de adicción al trabajo o al servicio público, sino a los símbolos de status y protección que otorga el cargo. La tarjeta de presentación institucional, el vehículo oficial, la capacidad de influencia y, sobre todo, la sensación de impunidad que proporciona pertenecer a ciertos círculos de poder.
Estos funcionarios rara vez renuncian voluntariamente cuando el honor y el interés nacional lo exigirían. En lugar de enfrentar los procesos como ciudadanos comunes, sin privilegios ni escudos institucionales, se aferran a sus posiciones, negocian plazos, invocan derechos adquiridos y utilizan todas las herramientas administrativas y legales a su disposición para prolongar su estadía en el cargo.
La naturaleza temporal del servicio público
Lo que estos personajes nunca han comprendido, o se han negado a aceptar, es que el servicio público es por naturaleza temporal. Un ciudadano llega a un cargo, cumple una función específica durante un período determinado y luego se retira. No es una propiedad personal, ni una herencia familiar, ni un derecho perpetuo. Es un mandato que la sociedad confía temporalmente a ciertas personas, con reglas claras y consecuencias establecidas cuando esas reglas se violan.
Las vacaciones no borran los hechos investigados. Las licencias no suspenden la verdad. Los plazos que se vencen no anulan la responsabilidad. La justicia colombiana, aunque lenta, sigue su curso, y eventualmente debe rendir cuentas sobre este y otros casos similares que han marcado la historia reciente del país.
Mientras tanto, la sociedad observa con escepticismo cómo se desarrolla este juego de estrategias opacas, donde el tiempo se convierte en el mejor aliado de quienes buscan eludir su responsabilidad ante la ley.
