Nuevo capítulo judicial para el presidente de Ecopetrol
Por segunda ocasión consecutiva, la Fiscalía General de la Nación preparó la imputación formal contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, por las presuntas irregularidades detectadas en la financiación de la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en el año 2022. Este miércoles, el Juzgado 38 de Control de Garantías se vio obligado a suspender nuevamente la diligencia judicial, debido a la ausencia de Roa Barragán en la audiencia donde se le imputarían los cargos correspondientes.
Los hallazgos del Consejo Nacional Electoral
La situación judicial se intensificó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara, en noviembre de 2025, que la campaña del Pacto Histórico -de la cual Roa Barragán fungió como gerente- incurrió en violaciones flagrantes a los topes de financiación establecidos por la normativa electoral colombiana. Según el fallo emitido por el organismo de control:
- En la primera vuelta presidencial, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó la astronómica cifra de $2.459 millones de pesos.
- La omisión total en los reportes de gastos ascendió a $2.611 millones adicionales.
- Para la segunda vuelta electoral, el exceso registrado fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones.
En consecuencia, el CNE ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado colombiano, sumando un total de irregularidades que superan los 3.500 millones de pesos en todo el proceso electoral.
Antecedentes penales y presión institucional
Esta no es la primera imputación que enfrenta el presidente de Ecopetrol. Anteriormente, la Fiscalía ya le había formulado cargos por el delito de tráfico de influencias, relacionado con la adquisición de un lujoso apartamento valorado en $1.800 millones, cuando su precio real se aproximaba a los $3.000 millones, además de una remodelación que superó los $2.000 millones. En dicho caso, se presume que Roa Barragán utilizó indebidamente su cargo para obtener beneficios personales.
La presión sobre el directivo ha ido en aumento desde múltiples frentes:
- La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de la petrolera estatal, amenazó con declarar un paro laboral si Roa Barragán continuaba al frente de la presidencia.
- Dentro de la junta directiva de Ecopetrol se generó un intenso debate sobre la permanencia del presidente, considerando el alto riesgo reputacional que su situación judicial representa para la empresa.
- El presidente Gustavo Petro, quien mantiene una defensa pública de su exgerente de campaña, ejerció influencia dentro de la junta para evitar su separación del cargo.
Salida temporal y sucesión inmediata
En medio de este escenario judicial y de presión institucional, Ricardo Roa Barragán solicitó formalmente vacaciones y una licencia no remunerada para apartarse temporalmente de la presidencia de Ecopetrol. Esta decisión se produce mientras avanza su proceso penal y responde ante las autoridades judiciales colombianas.
Como medida inmediata, Juan Carlos Hurtado asumió la presidencia interina de la petrolera estatal, garantizando la continuidad operativa de una de las empresas más importantes del país. La salida temporal de Roa Barragán marca un punto de inflexión en la historia reciente de Ecopetrol, mientras se definen los alcances jurídicos de las imputaciones en su contra y se evalúa el impacto institucional de este caso en la empresa petrolera estatal colombiana.
