Conflicto de intereses en junta directiva de Ecopetrol por caso Roa
La junta directiva de Ecopetrol enfrenta un delicado conflicto de intereses mientras se prepara para evaluar la situación jurídica de su presidente, Ricardo Roa, quien enfrenta dos imputaciones por presuntos actos de corrupción. Según revelaciones exclusivas, César Loza, presidente del poderoso sindicato USO y nuevo miembro de este cuerpo colegiado, estaría ética y jurídicamente inhabilitado para participar en las discusiones sobre el caso.
Sesión privada programada
La junta directiva de la petrolera estatal ha convocado una sesión privada para el próximo 18 de febrero, donde analizará el impacto reputacional y económico de tener a su máximo ejecutivo con dos procesos penales abiertos. Esta reunión se produce mientras la justicia ha fijado para el 11 y 12 de marzo las audiencias de imputación contra Roa por violación de topes electorales y por tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento de lujo.
La defensa del presidente de Ecopetrol, liderada por el penalista Juan David León, mantiene que la presunción de inocencia de Roa permanece intacta y cuenta con evidencia suficiente para desmontar los señalamientos en ambos casos. Sin embargo, las estrictas normas de gobierno corporativo de la empresa estatal podrían obligar a declarar a Ecopetrol como víctima en el caso del apartamento, ya que involucra un contrato con la empresa a favor del expolicía Juan Guillermo Mancera, quien terminó pagando la propiedad.
Inhabilitación del representante sindical
Fuentes internas de Ecopetrol han señalado que César Loza, como presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), enfrenta un claro conflicto de intereses que lo inhabilitaría para participar en cualquier discusión sobre el caso Roa. "El señor está ética y jurídicamente impedido porque la USO aparece en la investigación por violación de topes electorales por un aporte que luego fue eliminado", explicó una fuente con conocimiento directo de la situación.
Este aporte sindical, que ascendió a 1.033 millones de pesos según Loza en declaraciones de marzo de 2024, fue destinado según sus palabras para "hacer reuniones que motivaran la votación a una campaña, para movilizar a trabajadores y a sus familiares y para hacer pendones y pancartas". Sin embargo, esta contribución forma parte del expediente por presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022-2026 que investiga el Consejo Nacional Electoral y que ahora está en manos de la Fiscalía General.
Posición de la USO y cronograma judicial
Aunque César Loza no se ha pronunciado públicamente sobre su posible inhabilitación, voceros del sindicato han salido en defensa de Ricardo Roa, argumentando que se debe respetar su presunción de inocencia y esperar a que la justicia siga su curso. Esta postura coincide con la mantenida por la defensa legal del presidente de Ecopetrol.
Respecto al cronograma judicial, la Fiscalía ha aclarado que la programación de las audiencias de imputación, que se extenderán por aproximadamente un mes, depende exclusivamente de la rama judicial y no del ente acusador. Este proceso marca un momento crítico para la petrolera estatal, que debe balancear sus obligaciones corporativas con el desarrollo de investigaciones penales que involucran a su máxima autoridad.
La situación plantea preguntas fundamentales sobre la gobernanza corporativa en empresas estatales colombianas y los mecanismos para prevenir conflictos de intereses cuando representantes sindicales participan en juntas directivas mientras sus organizaciones están vinculadas a investigaciones judiciales que afectan a los ejecutivos que deben evaluar.
