Congresista Karen Manrique trasladada a Bogotá tras entregarse por caso de corrupción en la UNGRD
La representante a la Cámara por las curules de paz, Karen Manrique, fue trasladada este jueves 12 de marzo a las instalaciones de la Dijín en el occidente de Bogotá, luego de entregarse voluntariamente a las autoridades en Tame, Arauca. La congresista se presentó ante la justicia tras la orden de captura librada por un juez de la República, en el marco de la investigación por presuntos desvíos millonarios en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entrega voluntaria y traslado a la capital
Antes de su detención, Karen Manrique aseguró que su presentación ante la justicia fue un acto voluntario. Fuentes cercanas al proceso judicial informaron que se espera que en las próximas horas sea remitida al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantarán los trámites de reseña y se definirá el lugar de su reclusión mientras avanza su juicio.
El traslado se produjo pocas horas después de que uniformados de la SIJIN de la Policía hicieran efectiva la orden de captura contra la congresista. Este movimiento judicial se da simultáneamente con la entrega del también congresista electo Wadith Manzur, quien se presentó ante las autoridades sobre las 5:30 a.m. del mismo 12 de marzo.
Red de corrupción que involucra a múltiples congresistas
Ambos políticos son señalados de presuntamente formar parte de una red de corrupción que habría desviado contratos millonarios de la UNGRD a cambio de favores políticos. La investigación judicial ha revelado que otros cuatro congresistas siguen vinculados al caso, aunque no tienen orden de captura en su contra en este momento.
La ponencia de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vinculó la presunta entrega de sobornos con la necesidad de asegurar el aval de estos congresistas en dos instancias clave:
- La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
- La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes
En estas comisiones, el Ministerio de Hacienda tramitaba los cupos de endeudamiento, lo que otorgaba a los congresistas investigados un poder significativo sobre decisiones económicas cruciales.
Impacto político y consecuencias legislativas
La inminente aplicación de la figura constitucional de la silla vacía tras la entrega de Wadith Manzur y Karen Manrique privará al Gobierno Nacional de dos aliados legislativos estratégicos. Esta situación altera significativamente el panorama político en varios frentes:
- Altera el quórum de las comisiones económicas para el cierre del actual periodo legislativo
- Encarece la búsqueda de mayorías absolutas para el cuatrienio entrante
- Modifica el equilibrio de poder en decisiones presupuestales clave
Pese a que el Partido Conservador se declaró en independencia ante el Consejo Nacional Electoral y las curules de paz carecen de bancada formal, los registros evidenciaron que los votos de Manzur y Manrique resultaron determinantes para el trámite de las reformas del Ejecutivo durante los últimos años.
Contexto histórico y alcance de la investigación
El impacto político de esta alianza trascendió los debates económicos, pues el avance del caso judicial coincidió con la presidencia de Wadith Manzur en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara entre 2023 y 2024. Durante esta etapa, los expedientes contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular no registraron decisiones de fondo, lo que ha generado especulaciones sobre posibles conexiones entre los casos.
La investigación sobre la UNGRD continúa avanzando, con la Fiscalía General de la Nación recopilando evidencias sobre los presuntos desvíos de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres. Las autoridades judiciales han señalado que este caso representa uno de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos años en Colombia, con implicaciones que podrían extenderse a más funcionarios públicos.
Mientras Karen Manrique espera la definición de su situación judicial en Bogotá, el país observa cómo se desarrolla este proceso que podría reconfigurar las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo, además de establecer precedentes importantes en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder colombiano.
