Congresista electa llega a Bogotá bajo custodia policial por caso de corrupción
La representante a la Cámara electa Karen Manrique arribó detenida a la capital colombiana en medio de un proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en hechos de corrupción vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El traslado se realizó desde el departamento de Arauca cumpliendo una orden judicial emitida por el alto tribunal, que asumió la investigación debido a la condición de aforada de la dirigente política.
Operativo de traslado y procedimientos iniciales
El operativo incluyó custodia permanente de uniformados adscritos a los grupos anticorrupción de la Policía Nacional, quienes acompañaron a Manrique durante todo el procedimiento. Inicialmente, la congresista fue ubicada en instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), donde las autoridades adelantaron actuaciones preliminares relacionadas con la verificación de su captura y la notificación formal de los procedimientos judiciales en su contra.
De acuerdo con fuentes oficiales, la llegada de la congresista a Bogotá se produjo hace aproximadamente una hora a bordo de un vuelo de apoyo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Mientras continúan las diligencias judiciales, Manrique permanecerá durante la noche en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde se adelantará el proceso de legalización de captura dentro de la investigación que enfrenta.
Acusaciones específicas en el caso Ungrd
Las autoridades investigan a la representante por el presunto delito de cohecho impropio dentro del entramado de corrupción que ha salpicado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, durante 2023 la congresista habría mostrado un particular interés en un proyecto que se encontraba en trámite dentro de la entidad.
La hipótesis de la investigación señala que Manrique habría solicitado que dicho contrato fuera adjudicado a cambio de respaldar con su voto iniciativas del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. De acuerdo con el expediente, el supuesto acuerdo consistía en votar favorablemente proyectos que eran de especial interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Testimonios y evidencias en la investigación
El caso se sustenta, entre otros elementos, en declaraciones entregadas ante la Fiscalía General de la Nación por el exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla Álvarez. También fue mencionada en testimonios rendidos ante la Corte Suprema por la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quienes habrían aportado información sobre el presunto entramado de corrupción.
La defensa de la congresista solicitó que, en caso de imponerse una medida de aseguramiento, esta sea cumplida en una guarnición militar, argumentando que la dirigente política ha recibido amenazas de grupos armados ilegales que operan en el departamento de Arauca. Este caso se suma a las investigaciones contra otros congresistas vinculados al escándalo de la Ungrd, incluyendo a Wadith Manzur, quien también fue enviado a la cárcel por la Corte Suprema.
