Presidente de Ecopetrol enfrenta imputación por presunto tráfico de influencias
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, fue formalmente imputado este miércoles por la Fiscalía General de la Nación, acusado del delito de tráfico de influencias. Los cargos están relacionados con la adquisición de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá y supuestos favores contractuales dentro de la empresa petrolera estatal.
Audiencia judicial y declaración de inocencia
La audiencia de imputación se desarrolló ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, iniciando pasadas las nueve de la mañana. La fiscal Claudia Emilia Garrido Durán presentó los cargos, argumentando la existencia de suficientes elementos probatorios para sustentar la acusación.
Tras escuchar los argumentos del ente acusador, el juez avaló la imputación, rechazando la objeción presentada por la defensa. Posteriormente, Ricardo Roa se declaró inocente ante el despacho judicial, manifestando que no acepta los cargos imputados en su contra.
Detalles de la investigación sobre el apartamento
Según la investigación fiscal, el caso se centra en la compra de un apartamento ubicado en el exclusivo barrio El Chicó de Bogotá. La transacción se habría concretado en el año 2022 mediante la empresa Princeton International Holding, con la intermediación de Luis Enrique Rojas.
Los datos revelados en la audiencia indican que Roa adquirió el inmueble por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado superaba los 2.700 millones de pesos. Esta diferencia de aproximadamente 900 millones de pesos constituye uno de los elementos centrales de la investigación.
Un año después de esta operación inmobiliaria, en 2023, Ricardo Roa asumió la presidencia de Ecopetrol. La Fiscalía sostiene que fue precisamente en ese momento cuando comenzaron a surgir las presuntas irregularidades alrededor de la transacción.
Presuntos favores contractuales como contraprestación
La hipótesis de la Fiscalía plantea que, una vez en su cargo dentro de la petrolera estatal, Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas -entonces presidente de la filial Hocol- que favoreciera con contratos a Juan Guillermo Mancera y a su empresa Gaxi S.A. ESP.
De acuerdo con la teoría del ente acusador, estos beneficios contractuales constituirían una contraprestación por la negociación favorable del apartamento. La Fiscalía aseguró que la solicitud se habría realizado en al menos dos encuentros:
- El 20 de agosto de 2024, durante una reunión en un restaurante de Bogotá.
- Entre septiembre y octubre de 2024, en un encuentro privado realizado dentro de las instalaciones de Ecopetrol.
Además, la investigación sostiene que los pagos del inmueble se habrían realizado posteriormente por medio de Innova Mercadeo, empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, lo que reforzaría la teoría de la contraprestación.
Objeción de la defensa y desarrollo de la audiencia
Durante la audiencia se registró un receso de aproximadamente una hora luego de que el abogado defensor Juan David León Quiroga solicitara declarar ilegal la imputación. La defensa argumentó falta de claridad en los cargos y deficiencias en la formulación de la acusación.
Sin embargo, tras revisar detenidamente la petición, el juez decidió avalar la imputación presentada por la Fiscalía, permitiendo que el proceso continúe en la etapa judicial correspondiente. Esta decisión judicial marca un punto crucial en el desarrollo del caso.
Otra investigación pendiente por campaña presidencial
El presidente de Ecopetrol enfrentará en los próximos días otra imputación separada, esta vez relacionada con la presunta violación de los topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la cual Roa fue gerente.
Según las investigaciones, los reportes financieros de la campaña registraron 28.384 millones de pesos en gastos durante la primera vuelta, cuando el límite permitido era de 28.536 millones. Para la segunda vuelta, los gastos reportados fueron de 13.169 millones de pesos, frente a un tope autorizado de 13.347 millones.
El Consejo Nacional Electoral ya emitió un fallo en contra de la campaña presidencial por estas irregularidades, lo que ha derivado en la investigación penal correspondiente.
Donaciones de sindicatos bajo revisión fiscal
Dentro de las investigaciones sobre la campaña presidencial también se analiza el origen de algunos aportes económicos. Entre ellos destaca una donación de 500 millones de pesos que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizó al movimiento Colombia Humana.
Según los investigadores, estos recursos habrían terminado financiando indirectamente la campaña presidencial. A esto se suman aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de trabajadores de Ecopetrol.
Las autoridades consideran que, en su calidad de gerente y administrador de los recursos de campaña, Ricardo Roa debía conocer y reportar adecuadamente estos movimientos financieros, lo que constituye otro frente de investigación en su contra.
El caso continúa su curso judicial, con expectativa sobre los próximos desarrollos en ambas investigaciones que enfrenta el máximo ejecutivo de la principal empresa petrolera de Colombia.
