Han pasado seis días desde que Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, encendió su ventilador y desató uno de los capítulos más duros del gobierno de Gustavo Petro: el 'fuego amigo'. Rodríguez, quien hasta enero pasado controlaba el acceso al presidente, realizó una calculada ronda de medios en la que golpeó con graves acusaciones a su principal crítico en el gobierno, el jefe de la UNGRD, Carlos Carrillo; a Juliana Guerrero, a quien señala como el gran poder en la Casa de Nariño sin cargo oficial; y al mismo Petro, de quien dijo que conocía las falsedades en los títulos profesionales de Guerrero.
Las acusaciones de Angie Rodríguez
Según Rodríguez, existe un supuesto 'concierto para delinquir' que involucra a Carrillo, al jefe de gabinete José Raúl Moreno, y a casi 20 funcionarios más que, según ella, quieren sacarla de su cargo para acceder al manejo de 1,2 billones de pesos destinados a megaobras para enfrentar desastres naturales y cambio climático. Asegura que está infiltrada y extorsionada, y califica como su 'enemiga más poderosa' a Guerrero, de quien dice que maneja la contratación de varias entidades y la vincula con el Eln.
La respuesta del presidente Petro
Hasta hoy, salvo un trino negando una relación sentimental con Juliana Guerrero y unas breves líneas en un discurso en plaza pública reconociendo que se equivocó al 'nombrar a algunos funcionarios', el presidente Petro no ha respondido de fondo a las graves acusaciones. En Palacio hubo una breve reunión de crisis de la que salió la orden de bajarle el tono al escándalo, que estalla a un mes de la primera vuelta presidencial. Iván Cepeda, candidato del Gobierno, pidió investigación y condenó cualquier acto de corrupción.
Las interpretaciones del escándalo
Carrillo habla de supuestas intenciones políticas para afectar al Gobierno y a Cepeda. Según su tesis, 'asuntos como estos, como lo que está haciendo la señora Angie Rodríguez, claramente tienen una motivación política'. Menciona que Angie, hace años, hizo parte del equipo del exconcejal Yefer Vega, de Cambio Radical, y que tenía relaciones con sectores políticos tradicionales. Sin embargo, esa versión no convence a muchos, que ubican a sus posibles promotores en la misma Casa de Nariño.
Rodríguez aterrizó en el Dapre como ficha del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pero terminó siendo la gran aliada de Armando Benedetti en la purga burocrática del petrismo purasangre. Varias fuentes cercanas a Palacio señalan que Benedetti y su sector se sienten excluidos por la campaña de Cepeda. Los malos números de Roy Barreras en la consulta del 8 de marzo terminaron de devaluar el peso de los operadores políticos tradicionales. Hoy se vive una suerte de desquite de la izquierda dura frente a lo que se vio en febrero del año pasado, cuando Benedetti se posicionó como el hombre fuerte de la administración.
El papel de Benedetti
El ministro de la Política ha asegurado en privado que nada tiene que ver con la explosión mediática de Angie Rodríguez. Sus cercanos afirman que lo que menos le interesa es generar ruidos con el núcleo duro del Pacto Histórico, de cara a su intención de jugar por la Alcaldía de Barranquilla en 2027. Pero importantes fichas en el Pacto y en la campaña de Cepeda no están tan seguras de que las declaraciones de Angie Rodríguez estén totalmente desconectadas del ministro. Esas fuentes consideran que el nuevo escándalo de 'fuego amigo' buscaría presionar un diálogo para rebarajar las cartas de poder tanto en el remate del gobierno Petro como en la campaña y ante un eventual triunfo de Cepeda.
El control de Juliana Guerrero
De acuerdo con Rodríguez y con varias fuentes de Palacio, la joven Guerrero tiene 'control total' del Dapre y, por esa vía, del Fondo Colombia en Paz. Las fuentes hablan de 'barrida' de funcionarios técnicos por 'gente sin experiencia' en un órgano clave para la implementación de la paz. Guerrero, hoy imputada por falsedad por el lío de sus diplomas, también habría extendido tentáculos al Ministerio de la Igualdad, donde consolidó poder en el Fonigualdad durante la administración de Juan Carlos Florián.
Componente regional
La pelea con Juliana Guerrero también tiene un componente de política regional: ella es la delegada del presidente Petro para la Universidad Popular del Cesar y en el departamento tiene como socio al representante conservador Alfredo Ape Cuello. Allá también es fuerte el poder político del representante de las curules de paz Rodrigo Tovar, hijo del jefe 'para' 'Jorge 40' y muy cercano a Angie Rodríguez. Cuello y Tovar han sido socios políticos y hay expectativa por las esquirlas de la pelea de sus aliadas en Bogotá.
La denuncia de Carrillo
Carlos Carrillo, jefe de la UNGRD, fue el blanco de buena parte de los ataques de Angie Rodríguez. Lo acusó de supuesto espionaje y de tratar de extorsionarla. También cuestionó su transparencia, en un nuevo round de una pelea que el año pasado fue una de las más duras en el gobierno Petro. Públicamente, Carrillo cuestionó que tanto Angie como Benedetti estuvieran cooptando burocráticamente el Fondo de Adaptación. Al final ella terminó como gerente del Fondo, pero la instrucción del presidente Petro a Carrillo fue estar vigilante del manejo de los recursos.
La Fiscalía ya está pendiente de la ampliación de la denuncia que Rodríguez entabló contra su némesis. La salida a medios de la ex-Dapre, señalan algunas fuentes, habría buscado anticiparse a una denuncia penal que interpuso Carlos Carrillo contra una cuota de Rodríguez que supuestamente habría cobrado coimas para el desembolso de pagos al ser revisora de un contrato.
Detalles de la denuncia de Carrillo
En la denuncia, conocida por EL TIEMPO, se lee que el pasado 12 de abril, Carlos Carrillo recibió un mensaje de texto en el que le exponían un acto de supuesta corrupción. Los involucrados serían Freddy Alejandro Covilla, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, y Verónica Villegas, funcionaria del Fondo de Adaptación, con el que se firmó un contrato para recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en La Mojana. El valor del contrato es de 13.597 millones de pesos, y empezó el 11 de febrero de este año. La denuncia de 46 páginas dice que 'la ingeniera Verónica Villegas, quien se desempeña como supervisora del contrato, manifestó de manera informal que el pago no sería tramitado en tanto no se le pagara a ella un porcentaje equivalente al 10 % del valor del contrato'. Una semana después de la denuncia, Rodríguez respondió con las revelaciones en medios y su propia denuncia penal.
Análisis de expertos
Para el analista Gabriel Cifuentes, es un hecho llamativo que las mayores crisis de la administración en términos de legitimidad sean autoinducidas. 'Con la última se comprueba que no es un hecho aislado, es un delicado y preocupante patrón de comportamiento que denota no solo las tensiones internas de un gabinete en donde parece que cada quien jala por su lado, sino también que hay un presidente que no ha sido capaz de ejercer internamente un liderazgo activo y positivo', indica. Cifuentes agrega que el panorama de corrupción, manejo indebido de influencias y vínculos con cuestionados personajes 'puede que ante la base petrista no haga mella, pero tiene un efecto negativo sobre el legado y la estatura moral de un gobierno que había prometido el cambio'.
