Fiscalía vincula al gobierno Petro con escándalo de corrupción en regalías a través de Aremca
La Fiscalía General de la Nación ha destapado un nuevo y grave escándalo de corrupción que alcanza al gobierno del presidente Gustavo Petro, relacionado con el manejo irregular de los recursos del sistema de regalías. El ente acusador presentó evidencias que conectan a la administración saliente con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), cuyos nueve directivos fueron capturados la semana pasada.
Convenios cuestionados con entidades del gobierno nacional
Durante las audiencias de imputación, el fiscal Andrés Vásquez reveló detalles sobre tres proyectos específicos que vincularían directamente al gobierno Petro con este caso. La investigación señala que Aremca suscribió un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) sin cumplir los requisitos legales establecidos, siendo este el primero de los proyectos sobre el cual se realizará la imputación formal.
EL TIEMPO investigó y confirmó que dicho convenio fue firmado el 20 de junio de 2025 por un valor de 34.388 millones de pesos. Los signatarios fueron Diana Carolina Martínez Jiménez, en calidad de secretaria general del DPS, y Emilia María Álvarez Guerrero, representante legal de Aremca y una de las capturadas en el operativo judicial.
El objetivo declarado del convenio era "aunar esfuerzos administrativos y financieros en la implementación de un proyecto para mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de los hogares", mediante la producción de víveres y "la promoción de hábitos y estilos de vida saludables". El plazo de ejecución estaba establecido hasta diciembre de 2025.
Más vínculos gubernamentales descubiertos
La Fiscalía también mencionó que el Ministerio de Ambiente designó a Aremca como ejecutor de recursos de regalías en dos oportunidades específicas: diciembre de 2024 y septiembre de 2025, para proyectos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (Bpin).
Además, EL TIEMPO había revelado previamente, desde febrero de 2025, la existencia de otro convenio entre Aremca y el Ministerio de Agricultura, ya durante el gobierno Petro, por un valor de 10.000 millones de pesos. Este contrato estaba destinado a modelos de producción en hatos ganaderos en el departamento de Sucre.
Mecanismos de desvío de recursos
El fiscal Vásquez explicó en detalle los mecanismos utilizados para el presunto desvío de fondos. Según su declaración, las aplicaciones de giro y desembolso de recursos, a través de los cuales se habría cometido enriquecimiento ilícito y peculados por apropiación, "se hacen por una plataforma que se llama SPGR, administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)".
La investigación señala un desvío superior a los 496.000 millones de pesos a través de contratos y 101 convenios con una docena de departamentos colombianos, que nunca fueron ejecutados en su totalidad. Los recursos provenían del sistema de regalías y habrían sido transferidos mediante una plataforma administrada por una entidad adscrita directamente a la Presidencia de la República.
Hallazgos contundentes y conexiones preocupantes
Durante allanamientos realizados en la sede principal de Aremca en Barranquilla, la Fiscalía encontró evidencia contundente que incluye una caleta con documentación contable que supuestamente había sido robada, además de documentos que aparentarían ser falsificados.
El caso presenta conexiones preocupantes con otros escándalos de corrupción recientes. Actualmente se espera que la Corte Suprema de Justicia, que ya realizó una inspección a Aremca, establezca si este escándalo tiene nexos con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como lo había revelado este diario desde el año pasado.
EL TIEMPO ya había advertido sobre la existencia de un chat de Camilo Ernesto Díaz Carrillo, cuyo teléfono estaba en manos de Alejandra Benavides, la asesora estrella del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Díaz aparece como representante del consorcio Brisas del Cravo, que Aremca contrató para ejecutar la construcción de un relleno sanitario por 20.000 millones de pesos con recursos de regalías.
Silencio gubernamental y defensa de los implicados
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno de Gustavo Petro se ha pronunciado oficialmente sobre este nuevo escándalo de corrupción que salpica a la administración saliente. La falta de declaraciones por parte de las autoridades involucradas ha generado interrogantes adicionales sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por su parte, Alfredo Ballestas, asesor jurídico de Aremca, había declarado previamente a EL TIEMPO que la Corte Suprema no los había citado, que no existía nexo con el asunto de la UNGRD y que todas las actuaciones de la asociación eran completamente legales. Los directivos capturados mantienen su posición de negar cualquier irregularidad en sus operaciones.
Las audiencias de imputación contra los nueve directivos de Aremca se reanudarán la próxima semana, donde se espera que se presenten más detalles sobre la presunta red de corrupción y su alcance dentro de las instituciones del Estado colombiano.
