Fiscalía solicita imputación de cargos contra presidente de Ecopetrol por dos líneas de investigación
Fiscalía pide imputar a presidente de Ecopetrol por dos casos

Fiscalía General solicita formalmente audiencia para imputar cargos a presidente de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, ha radicado formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, en un proceso penal que contempla dos líneas de investigación completamente distintas. Las actuaciones judiciales se adelantan con rigurosidad y están relacionadas con hechos ocurridos tanto durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 como en transacciones personales posteriores del funcionario.

Primera imputación: presunta violación de topes de financiación electoral

La primera imputación está directamente vinculada al rol que desempeñó Ricardo Roa como gerente de la campaña Petro Presidente 2022. Según la Fiscalía General, el directivo deberá responder por el presunto delito de violación de los topes de financiación electoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableciera que la campaña habría superado los límites legales de gastos por una suma superior a los 5.000 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con el ente acusador, la responsabilidad recaería directamente sobre Roa por su función como máximo responsable de la estructura administrativa y financiera de la campaña. "La campaña electoral del Pacto Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral, y esa responsabilidad recae en quien fungía como gerente", explicó el fiscal delegado Raúl González al anunciar la decisión institucional.

Segunda imputación: investigación por posible tráfico de influencias

La segunda línea de investigación se relaciona con presuntas irregularidades en la compra de un inmueble en el norte de Bogotá. La Fiscalía indaga minuciosamente la adquisición del apartamento 902, ubicado en el exclusivo sector del Museo del Chicó, por un valor cercano a los 1.800 millones de pesos, precio que, según las autoridades investigadoras, estaría presuntamente subvalorado frente a las condiciones reales del mercado inmobiliario.

En este proceso penal, el ente acusador investiga un posible delito de tráfico de influencias, al establecerse una presunta relación entre dicha transacción inmobiliaria y el posterior favorecimiento contractual de Juan Guillermo Mancera por parte de empresas filiales de Ecopetrol. Según la Fiscalía, Mancera habría participado previamente en el negocio inmobiliario con Roa y luego se habría visto beneficiado con contratos otorgados por la compañía petrolera estatal.

Declaraciones oficiales y procedimiento judicial

"Se radica el día de hoy solicitud de imputación de cargos en dos asuntos contra el señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol: uno por el tema de topes de campaña y el segundo por tráfico de influencias", afirmó el fiscal delegado González, quien agregó que la decisión se adoptó ante la "contundencia de las pruebas" recopiladas durante la investigación exhaustiva.

La Fiscalía precisó que ambas solicitudes ya fueron presentadas ante la Judicatura colombiana y que ahora se está a la espera de que se fijen las audiencias correspondientes para la formulación formal de imputación. Este proceso marca un hito significativo en la investigación que ha venido desarrollándose durante meses.

Repercusiones políticas y en Ecopetrol

El anuncio de la Fiscalía ha reactivado inmediatamente el debate en distintos sectores políticos y económicos del país sobre la continuidad de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia y motor económico nacional. Aunque el funcionario ha permanecido en el cargo pese a cuestionamientos previos, la formalización de estas imputaciones abre un nuevo escenario jurídico que podría incidir directamente en su permanencia como presidente de la petrolera estatal.

Las implicaciones de este caso trascienden lo jurídico y se adentran en el ámbito de la gobernanza corporativa y la transparencia en la administración pública. La situación genera expectativa sobre el desarrollo de las audiencias y las posibles decisiones que puedan tomarse respecto al liderazgo de la principal empresa del país.