La Fiscalía General de la Nación ha citado a la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas para una audiencia de imputación de cargos el próximo 30 de abril. El ente acusador investiga el presunto delito de falsedad en documento público, tras hallar irregularidades en los soportes académicos que la mujer presentó para ser contratada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).
Investigación por certificación académica falsa
Según el material probatorio recopilado, Vargas habría utilizado una certificación académica falsa con el objetivo de acreditarse como tecnóloga. Esta maniobra le habría permitido acceder a una remuneración económica superior durante la ejecución de contratos estatales en la vigencia 2025. La Fiscalía detectó que el contrato firmado el 21 de marzo de 2025, cuyo objeto era el apoyo a la gestión para la protección del patrimonio de Cartagena, tenía un valor de 55 millones de pesos. Para cumplir los requisitos, la actriz adjuntó un acta como Tecnóloga Laboral en Actuación y Teatro, supuestamente emitida por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Inconsistencias detectadas por la Fiscalía
Tras las verificaciones realizadas por el investigador Álvaro González, se detectaron tres puntos críticos en el documento presentado por Vargas:
- Alteración visual: El nombre de la beneficiaria en el acta presentaba una tipografía distinta al resto del documento, lo que sugiere una manipulación.
- Inexistencia de registro: La institución en Bucaramanga confirmó oficialmente que Vargas no aparece en sus bases de datos ni en los listados de egresados.
- Falsedad material: El formato del diploma no coincide con los modelos vigentes de la entidad santandereana, evidenciando su falsedad.
A pesar de que este contrato fue suspendido por denuncias públicas, la Alcaldía de Cartagena otorgó este año un segundo contrato a la actriz por 18 millones de pesos. En esta nueva vinculación, Vargas presentó la misma hoja de vida pero eliminó el acta de tecnóloga, siendo contratada bajo el perfil de bachiller. La administración local defendió la medida bajo el principio de presunción de inocencia.
Responsabilidades de funcionarios del IPCC
La lupa judicial se extenderá también hacia los funcionarios del IPCC. La Fiscalía busca establecer si hubo omisión en la verificación de documentos por parte de los encargados de la contratación. La intención es determinar responsabilidades penales de terceros que permitieron la validación de los soportes cuestionados. Un dato relevante en el expediente es que Vargas incluyó en su hoja de vida un curso sobre transparencia y lucha contra la corrupción, documento que ahora es parte de las pruebas en su contra.
Posible condena por falsedad documental
En el marco legal colombiano, de ser hallada culpable de falsedad en documento público, la exreina podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre los 4 y 9 años. La audiencia de imputación de cargos será clave para determinar el futuro judicial de la actriz y de los funcionarios involucrados en este caso de presunta corrupción.
