Fiscalía formaliza acusación contra exministros por presunto desfalco a la UNGRD
La Fiscalía General de la Nación ha presentado formalmente la acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Este documento marca el inicio del proceso judicial en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Delitos imputados a los exfuncionarios
En el escrito de acusación, la Fiscalía detalla los cargos que pesan sobre ambos exministros, los cuales incluyen:
- Concierto para delinquir
- Cohecho por dar u ofrecer
- Interés indebido en la celebración de contratos
Estas imputaciones se derivan de la investigación sobre el presunto saqueo de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres en el país. La Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco habrían participado en una red que desvió fondos públicos mediante mecanismos irregulares en la contratación.
Proceso judicial ante la Corte Suprema
La Sala de Primer Instancia de la Corte Suprema será la encargada de llevar adelante el juicio en contra de los exministros. Este tribunal tiene competencia para procesar a altos funcionarios del Estado, según lo establecido en la Constitución y las leyes colombianas.
El radicado de la acusación representa un paso crucial en la investigación, ya que formaliza las pretensiones de la Fiscalía y da inicio a la fase de juicio. Se espera que en los próximos meses se definan fechas para audiencias y se presenten las pruebas por ambas partes.
Contexto del caso UNGRD
El escándalo de la UNGRD ha sido uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años, involucrando a múltiples funcionarios y contratistas. La unidad, creada para coordinar la respuesta ante desastres naturales y emergencias, habría sido objeto de un sistemático desvío de recursos mediante sobrecostos, contratos ficticios y otras irregularidades.
La inclusión de exministros en la acusación refleja la gravedad de las investigaciones y la determinación de las autoridades judiciales de llegar hasta los últimos responsables, independientemente de su cargo o influencia política.
Este caso se enmarca en los esfuerzos del sistema judicial colombiano por combatir la corrupción en entidades estatales, particularmente en aquellas dedicadas a la atención de emergencias y poblaciones vulnerables.
