Fiscalía de La Guajira imputa a exfuncionarios del ICBF por millonario desfalco en contratos de alimentación
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional de La Guajira ha formulado cargos contra tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y cuatro particulares por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desviado más de 860 millones de pesos. Los recursos estaban destinados a programas de atención a la primera infancia y mujeres embarazadas en comunidades indígenas y rurales de Riohacha y Manaure.
Los imputados y los delitos
Los exfuncionarios del ICBF identificados por la investigación son Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas. Los particulares vinculados al caso son Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
Los delitos imputados incluyen:
- Peculado por apropiación en favor de terceros agravado
- Peculado por apropiación
- Falsedad ideológica en documento público
- Falsedad en documento privado
El modus operandi del presunto entramado corrupto
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos están relacionados con tres contratos suscritos entre febrero y diciembre de 2019 entre la Seccional La Guajira del ICBF y una asociación privada. Estos convenios tenían como objetivo la atención de población vulnerable con enfoque diferencial para comunidades indígenas, incluyendo componentes de alimentación.
La investigación revela que los exfuncionarios del ICBF, en su calidad de supervisores de los contratos, habrían aprobado actas de revisión y 12 pagos con sobrecostos a favor de la empresa contratista representada por Rosidis Barliza Rivera. Estas actuaciones estaban sustentadas en facturas y cuentas de cobro a nombre de los particulares Pérez Romero, Mengua Rivera y Romero Pinilla, quienes supuestamente fungían como proveedores de productos perecederos.
Los documentos fraudulentos y el detrimento patrimonial
Los documentos presentados registraban "incrementos inusuales en el valor de los artículos y las raciones", según señaló el ente investigador. Estos documentos habrían sido utilizados por Barliza Rivera para inflar los informes financieros ante el ICBF y solicitar el desembolso de mayores sumas de dinero.
Durante la imputación, la fiscal declaró: "Ustedes, Benítez Orcasita, Martínez Valdeblanques y Peñaranda Murgas, permitieron que Barliza Rivera se apropiara de manera irregular de la suma de COP 860 millones, ya que se ha podido determinar, con probabilidad de verdad, que revisaron y aprobaron el pago de 12 actas con sobrecostos en el componente de alimentación".
El mecanismo de corrupción, a través del aumento injustificado en el costo del servicio de suministro de alimentación, generó un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos, afectando directamente programas sociales destinados a las poblaciones más vulnerables de La Guajira.
Posición de los imputados
Ninguna de las siete personas imputadas aceptó los delitos durante la audiencia de formulación de cargos. El caso continúa en etapa de investigación y podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avance el proceso judicial.
Este caso se suma a otros procesos de corrupción que han afectado a entidades del Estado colombiano, particularmente aquellos que desvían recursos destinados a programas sociales, educación y alimentación de poblaciones vulnerables.
