Fiscalía presenta cargos contra exalcalde y exfuncionarios por presunta coordinación de contratos
En un caso que ha generado gran atención en el ámbito judicial, la Fiscalía General de la Nación ha formulado cargos contra un exalcalde y tres exfuncionarios municipales. La hipótesis central de la investigación sostiene que los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez a la administración municipal mediante contratos que sumaron más de 70 millones de pesos.
Objetivo: retirar demanda de nulidad electoral
Según los documentos de la investigación, el objetivo principal de esta maniobra era lograr que el abogado Ramírez retirara una demanda de nulidad que había interpuesto contra la elección del entonces alcalde en noviembre de 2023. Esta demanda cuestionaba la legitimidad del proceso electoral que llevó al exmandatario al poder.
Los acusados en este proceso son:
- El exalcalde del municipio
- La exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo
- La exgestora social, Sara Catalina Pedraza
- Miguel Ángel Ruiz
Detalles de los contratos y presiones ejercidas
La investigación ha revelado que inicialmente se firmó un contrato en febrero de 2024 por un valor aproximado de 19 millones de pesos, el cual curiosamente nunca se ejecutó. Posteriormente, se suscribió un segundo contrato por más de 54 millones de pesos a través de la empresa pública Ecovivienda.
Este segundo contrato tenía como objetivo formal prestar apoyo jurídico y servir como enlace con la Alcaldía. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la Fiscalía señalan que los trámites contractuales se iniciaron precisamente después de la presentación de la demanda y concluyeron con su retiro definitivo.
Uno de los aspectos más graves de la investigación indica que el exalcalde habría presionado al entonces gerente de Ecovivienda, incluso mediante amenazas directas, para concretar la contratación y emitir un documento que lo desligara de cualquier responsabilidad en el proceso.
Delitos imputados y alcance de la investigación
Un fiscal especializado de la seccional de Boyacá ha imputado formalmente a los procesados los delitos de:
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Amenazas a testigos
Este caso representa un ejemplo claro de cómo presuntas maniobras irregulares pueden intentar manipular procesos democráticos y administrativos. La Fiscalía continúa recopilando evidencias mientras el proceso judicial avanza hacia las etapas de juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los implicados.
