Exalcalde de Mistrató enfrenta cargos por presunta corrupción en contrato vial
La Fiscalía General de la Nación ha judicializado al exalcalde del municipio de Mistrató, en el departamento de Risaralda, Francisco Javier Medina Carvajal, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con un contrato para el mejoramiento de vías terciarias. La investigación también ha alcanzado a otros funcionarios y a un particular vinculado al caso.
Detalles del contrato bajo investigación
El contrato en cuestión, identificado como el número 06 de 2019, tenía un valor total de 2.936 millones de pesos y estaba destinado específicamente al mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella. Este proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías, asignados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
Según los hallazgos de la Fiscalía, el proceso presentó varias inconsistencias graves durante su etapa precontractual, que incluyó la planeación, estructuración y elaboración de estudios previos. En esta fase, en la que participó activamente el entonces secretario de Planeación del municipio, Óscar Darío Franco Giraldo, se habrían limitado deliberadamente las oportunidades para otros oferentes y se habrían incluido requisitos específicos con el claro propósito de beneficiar a un único proponente.
Acusaciones contra los involucrados
El particular César Augusto Ortega Ramírez, quien actuaba como representante de una de las empresas del consorcio contratista, ha sido señalado de presentar una propuesta que incluía hojas de vida y cartas de compromiso sin la debida autorización de los profesionales mencionados. Muchos de estos profesionales no tenían ningún vínculo con la compañía o simplemente desconocían que sus nombres estaban siendo utilizados en la oferta, lo que buscaba acreditar experiencia y capacidad de manera fraudulenta.
En el caso del exalcalde Medina Carvajal, en su calidad de ordenador del gasto correspondiente, se presume que estaba al tanto de las irregularidades que se estaban presentando durante el proceso. A pesar de ello, habría permitido que el contrato avanzara y finalmente se celebrara, facilitando así la consumación de los presuntos actos de corrupción.
Cargos formulados por la Fiscalía
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ha imputado a todos los presuntos involucrados el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, a César Augusto Ortega Ramírez se le han formulado cargos específicos por los delitos de falsedad en documento privado y violación de datos personales, debido a la utilización no autorizada de información de terceros en la propuesta presentada.
Esta judicialización representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción en la región, destacando el compromiso de las autoridades por investigar y sancionar conductas irregulares en la administración de recursos públicos, especialmente aquellos destinados a obras de infraestructura vitales para las comunidades.
