La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional confirmó una sentencia que reconoce que evadir el pago de la cuota alimentaria constituye una forma de violencia económica basada en género, que afecta principalmente a mujeres y sus hijos. La decisión se produjo tras 18 procesos judiciales iniciados por una joven y su madre para exigir el cumplimiento de las obligaciones del padre.
Incumplimiento persistente y simulación de bienes
Aunque el padre fue condenado por inasistencia alimentaria, la joven y su madre aún no han recibido los pagos. Además, descubrieron una simulación de compraventa de un inmueble, el único bien con el que el padre podía responder. Un juzgado de segunda instancia se negó a pronunciarse sobre la violencia económica y rechazó el incidente de reparación.
Decisión de la Corte
La Sala, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, señaló que la inasistencia alimentaria prolongada vulnera el bienestar de menores y cuidadores. “No puede ser interpretada únicamente como una infracción, sino como una manifestación estructural de violencia económica”, indicó la Corte.
El incumplimiento del deber alimentario envía un mensaje de indiferencia frente a la vida, salud, educación y desarrollo de los hijos, y afecta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, al recaer sobre ellas la carga económica del hogar.
Obligaciones del Estado
La Corte recordó que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia de género. En este caso, la simulación de compraventa fue interpretada como una manifestación de violencia basada en género.
Por ello, la Corte dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia y confirmó la primera decisión que declaró la venta del inmueble como simulada. Además, reconoció la violencia económica y ordenó abrir un incidente de reparación integral.
