La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, estuvo a punto de enfrentar la pérdida de investidura, conocida como muerte política, que implica salir del Congreso y quedar inhabilitada para cargos de elección popular. El proceso surgió tras el escándalo del tarimazo en Medellín, ocurrido en junio de 2025, cuando varios privados de la libertad, señalados como cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, fueron trasladados a un acto público en la plazoleta de La Alpujarra junto al presidente Gustavo Petro.
Detalles del proceso
Ciudadanos acusaron a Zuleta de usar su poder como senadora para gestionar ante el Inpec la salida de esos internos, lo que, según los demandantes, no hacía parte de sus funciones y podría constituir tráfico de influencias y violación al régimen de incompatibilidades. Por ello, William Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados presentaron solicitudes ante el Consejo de Estado para pedir la pérdida de investidura.
Decisión del Consejo de Estado
El alto tribunal frenó la muerte política de la congresista al considerar que no se configuraron las causales alegadas. La decisión representa un alivio para Zuleta y para el Pacto Histórico, que mantiene su representación en el Senado. El caso sigue generando debate sobre los límites de la gestión de los congresistas y el uso de influencias.
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