Procuraduría formula cargos a exsecretaria de la UNGRD por contrato irregular de $2.000 millones
La Procuraduría General de la Nación ha formulado un pliego de cargos contra Ana María Castaño Álvarez, quien se desempeñó como secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entre los años 2023 y 2024. La acción disciplinaria se debe a presuntas irregularidades en un proceso contractual que habría generado sobrecostos millonarios al Estado colombiano.
Detalles del contrato cuestionado
Según la investigación del ente de control, Castaño Álvarez, en su calidad de ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), habría avalado en 2023 el pago de más de $2.000 millones por el suministro de elementos de identificación destinados a los colaboradores de la entidad. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que la exfuncionaria participó activamente en la etapa precontractual del proceso.
Los cargos específicos incluyen:
- Suscribir los estudios previos del contrato
- Realizar el análisis del sector correspondiente
- Firmar el acto de adjudicación del proceso de selección
Hallazgos de la investigación
La investigación del Ministerio Público determinó que Castaño Álvarez habría pasado por alto que el valor de la contratación superaba considerablemente los precios establecidos en el mercado. Este hallazgo se sustentó en un dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, el cual evidenció las discrepancias en los montos asignados.
Como consecuencia de estos descubrimientos, la conducta de la exsecretaria general fue calificada de manera provisional como falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima. La Procuraduría enfatizó que la funcionaria habría desconocido el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal en Colombia.
Implicaciones del caso
Este caso se enmarca dentro del escándalo de corrupción que ha afectado a la UNGRD en los últimos años, el cual ha involucrado a diversos actores políticos y funcionarios públicos. La formulación de cargos contra Castaño Álvarez representa un avance significativo en las investigaciones sobre irregularidades en la contratación pública dentro de esta entidad.
La Procuraduría ha señalado que la exfuncionaria podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria de manera permanente, dependiendo del resultado del proceso que ahora sigue su curso. Este caso destaca la importancia de los mecanismos de control estatal para prevenir y sancionar prácticas irregulares en la administración de recursos públicos.
El escándalo de la UNGRD continúa desarrollándose con múltiples investigaciones paralelas que buscan determinar la responsabilidad de otros implicados en diversos contratos cuestionados durante los últimos años.
