La Corte Suprema de Justicia instalará este miércoles 29 de abril, a las 8:15 de la mañana, la audiencia de formulación de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Detalles de la acusación
Ambos fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación, que los considera presuntos articuladores de una estructura criminal que habría comprometido $612.237 millones en contratos de obras públicas, con el objetivo de asegurar votos en el Congreso para impulsar reformas del Gobierno y operaciones de crédito público.
La presunta red y el mecanismo de corrupción
De acuerdo con un documento de 287 páginas, la Fiscalía estableció que entre mayo de 2023 y mediados de febrero de 2024, periodo en el que los exministros ejercían sus cargos, se habría configurado una red para cometer delitos contra la administración pública. El esquema consistía en pactar con congresistas el direccionamiento de contratos, proyectos y convenios en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Ungrd, a cambio de votos favorables en las comisiones legislativas. En esta estructura también habrían participado el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y el subdirector Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quienes se encargaban de asignar y presupuestar proyectos de obra de emergencia para beneficiar a los parlamentarios involucrados.
Distribución de los recursos y proyectos
La investigación señala que se gestionaron 74 proyectos a través del Invías por $571.701 millones y cinco proyectos en la Ungrd por $40.536 millones, para un total de $612.237 millones. De estos, solo siete habrían sido concertados directamente, mientras que el resto se distribuyó entre diferentes comisiones del Congreso:
- Comisión Cuarta de Cámara: 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena por $142.658 millones.
- Comisión Cuarta de Senado: 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas por $80.816 millones.
- Comisión Tercera de Senado: 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre por $155.145 millones.
- Comisión Tercera de Cámara: 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca por $177.380 millones.
Roles y episodios clave del caso
La Fiscalía describió una “división de trabajo preacordada” en la que Bonilla y Velasco habrían liderado la coordinación, impartido órdenes y supervisado las gestiones para cumplir los acuerdos políticos. Uno de los episodios ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco habría ordenado a Olmedo López presentarse ante la Comisión Séptima del Senado para negociar contratos con congresistas y asegurar mayorías para la reforma pensional. Además, en septiembre de 2023, en la Casa La Giralda del Ministerio del Interior, se habría realizado una reunión en la que se discutió la necesidad de garantizar respaldo político de cara a las elecciones regionales mediante la entrega de beneficios indebidos. Otro elemento clave fue el empalme entre exasesoras del Ministerio de Hacienda, donde se dejó constancia de la necesidad de direccionar “cupos indicativos”. En ese espacio, se entregó una tabla en Excel con proyectos del Invías que serían asignados a cambio de votos.
Operaciones de crédito y presiones políticas
La Fiscalía también documentó la gestión de 17 operaciones de crédito público presentadas por Bonilla ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Inicialmente, estas no avanzaron por falta de quórum, pero el 28 de noviembre de 2023 fueron aprobadas de forma unánime, lo que, según el ente acusador, ocurrió tras acuerdos con congresistas para la entrega de contratación pública.
Situación judicial de Bonilla y Velasco
Actualmente, Luis Fernando Velasco permanece privado de la libertad en un centro carcelario, tras decisión del Tribunal Superior de Bogotá que le negó la detención domiciliaria en diciembre de 2025. Por su parte, Ricardo Bonilla fue dejado en libertad el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos, luego de que la Fiscalía radicara la acusación fuera del plazo legal. No obstante, continúa vinculado al proceso y con medida de aseguramiento vigente.
Denuncias contra fiscales y controversia
El caso también ha generado controversia por una denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, contra los fiscales encargados del proceso. Según Bustos, habría existido un “vencimiento deliberado” de términos que permitió la libertad de Bonilla, lo que motivó acusaciones por presunto prevaricato, fraude a resolución judicial y abuso de autoridad.
La clave: la colaboración de Olmedo López
Uno de los pilares del caso ha sido la colaboración de Olmedo López, quien ha reiterado su compromiso de aportar información a la justicia, incluso tras el rechazo del preacuerdo firmado con la Fiscalía. El exdirector de la Ungrd ha señalado a altos funcionarios del Estado, incluyendo exdirectores de entidades, expresidentes del Congreso y otros miembros del Gobierno. En una carta reciente, aseguró que sus declaraciones están respaldadas por pruebas y testimonios coincidentes, y afirmó que ha enfrentado presiones e intentos de interferencia, además de rechazar un supuesto soborno de miles de millones de pesos.
Un proceso clave para la justicia
El inicio de este juicio marca un punto determinante en uno de los mayores escándalos de corrupción reciente en Colombia, al comprometer recursos destinados a la gestión del riesgo y a la infraestructura vial del país. Se espera que en las próximas audiencias se conozcan nuevos detalles que permitan establecer responsabilidades y esclarecer el alcance total de los hechos.
