La jornada judicial del viernes 8 de mayo de 2026 marcó un hito en el proceso penal contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Tras varios aplazamientos previos solicitados por la defensa, la Fiscalía General de la Nación finalmente presentó los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la acusación por el presunto delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales.
A pesar de la exposición del ente acusador, la audiencia concluyó sin una imputación formalizada legalmente. El juez 35 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá decidió suspender la diligencia tras acoger una petición del abogado defensor, Juan David León Quiroga, quien solicitó que la Fiscalía aclare con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos expuestos. Como consecuencia, Roa no ha quedado formalmente vinculado al proceso, situación que se definirá el próximo lunes 11 de mayo a las 4:00 de la tarde.
Las cifras del presunto sobretope
El fiscal asignado al caso, Elkin Ardila Espinoza, detalló que la campaña presidencial habría excedido los techos de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en ambas vueltas presidenciales. Según el ente acusador, el exceso total de gastos reales ascendería a COP 1.664 millones por encima de lo permitido legalmente.
En la primera vuelta, el límite establecido fue de COP 28.536 millones. La Fiscalía sostiene que la campaña ejecutó gastos reales por COP 29.924 millones, lo que representa un sobretope de aproximadamente COP 1.388 millones. Adicionalmente, se identificaron gastos por COP 1.193 millones que no habrían sido reportados, o se reportaron solo parcialmente, en el aplicativo Cuentas Claras.
Para la segunda vuelta, el límite era de COP 13.347 millones. El reporte de la Fiscalía indica que se gastaron COP 13.623 millones, superando el tope por COP 276 millones. En esta etapa, el ente investigador señaló que bajo la gerencia de Roa se habrían omitido reportes por un valor de COP 770 millones relacionados con diversos servicios y apoyos de campaña.
La tesis de la Fiscalía: dolo y autoría
El fiscal Ardila argumentó que Ricardo Roa es presunto autor de la conducta a título de dolo. El fundamento de esta afirmación reside en las funciones específicas que Roa ostentaba como gerente, las cuales incluían la administración financiera, la ordenación del gasto, el manejo de la cuenta única y la responsabilidad legal de rendir cuentas ante el CNE.
Según el ente investigador, Roa tenía pleno conocimiento de los parámetros fijados en la Resolución 0694 de 2022 del CNE y, aun así, habría permitido la ejecución de gastos que superaron los límites. "Usted tuvo a su cargo esa gerencia. No fue otra persona; precisamente se le designó a usted. Así, tenía la capacidad de aprobar, disponer y ejecutar decisiones con incidencia directa en la administración de esos recursos", sostuvo el fiscal durante la diligencia.
Gastos no reportados y empresas vinculadas
La Fiscalía expuso una lista de al menos diez eventos y entidades cuyos servicios a la campaña no habrían sido registrados debidamente. Entre los rubros mencionados se encuentran viajes, asesorías, hospedajes y desayunos.
Las empresas y organizaciones bajo la lupa de la justicia incluyen a: Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode, por presuntas donaciones y aportes; Mi Colombia Travel SAS, Turismo al Vuelo SAS y Hoteles La Recoleta SAS; NeuroData SAS, Cultura Popular SAS y Cinema Color SAS; y otras entidades como el Polo Democrático Alternativo, Fundación Trenza, Seguridad Jamaro LTDA y Caracol Televisión.
Estado actual y proceso paralelo
Este es el segundo frente judicial que enfrenta Roa, quien también es investigado por presunto tráfico de influencias en relación con la compra de un apartamento en Bogotá. Para atender estas diligencias, la junta directiva de Ecopetrol le autorizó recientemente un periodo de siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada.
La audiencia se reanudará el lunes para que el fiscal responda a las dudas de la defensa sobre los balances contables y la precisión de las cifras en cada vuelta electoral. En esa fecha, Ricardo Roa deberá manifestar si acepta o no los cargos imputados por la Fiscalía.
