Procuraduría logra avance clave en batalla legal contra millonario acuerdo de pasaportes con Portugal
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dejado en firme una decisión judicial que marca un punto de inflexión en un caso de alto impacto para las finanzas públicas colombianas. Con esta resolución, se confirma la admisión de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación en octubre de 2025, mediante la cual el Ministerio Público busca anular completamente el polémico convenio suscrito entre la Cancillería colombiana, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes.
Un acuerdo millonario bajo la lupa de la justicia
El convenio en cuestión, valorado en la astronómica suma de COP 1.308.034.931.250 (más de 1,3 billones de pesos), fue firmado el 28 de julio de 2025 y desde entonces ha estado en el centro de controversias legales y financieras. La Procuraduría ha argumentado de manera contundente que este acuerdo presenta graves deficiencias estructurales que comprometen su validez y ejecución.
Con la reciente decisión del tribunal, el proceso de nulidad podrá avanzar hacia etapas sustanciales, lo que representa un triunfo inicial para las pretensiones del órgano de control. La Procuraduría no solo busca la anulación del convenio, sino que ha solicitado expresamente que todos los recursos ya invertidos en esta negociación sean devueltos íntegramente al país, mientras se exploran alternativas más transparentes y eficientes para la producción de pasaportes colombianos.
Los argumentos técnicos que sustentan la demanda
La Procuraduría ha identificado múltiples irregularidades en el convenio, siendo la más destacada la falta de financiación adecuada para su ejecución. Según las investigaciones del Ministerio Público, el acuerdo se firmó siguiendo los lineamientos de la ley de contratación con organismos internacionales, pero con una omisión fundamental: los aportes de la Imprenta Casa da Moneda de Portugal apenas alcanzaban el 21% del valor total del convenio, muy por debajo del requisito legal mínimo del 50%.
Además, el texto del convenio incluía una cláusula reveladora en su numeral quinto: "no tiene recursos para su ejecución", indicando que las entidades colombianas deberían apropiar fondos en cada vigencia fiscal para suscribir los contratos derivados. Esta situación, según la Procuraduría, configura una grave falla en la estructura financiera del acuerdo.
Problemas adicionales en el procedimiento
La demanda de la Procuraduría va más allá de los aspectos financieros y señala otras graves irregularidades:
- Ausencia de proceso competitivo: Se habría omitido adelantar un proceso de selección transparente, desconociendo principios fundamentales como la selección objetiva, la transparencia, la libre concurrencia y la igualdad.
- Falta de capacidad técnica: La Imprenta Nacional, según el ente de control, no contaba con la capacidad técnica y operativa necesaria para ejecutar el contrato, limitándose a funciones administrativas como recibir capacitaciones y realizar pagos.
- Dependencia de subcontratación: Esta limitación técnica obligaba prácticamente a subcontratar completamente los servicios a la entidad portuguesa, cuestionando la verdadera participación de la contraparte colombiana.
Lo que busca la Procuraduría
El Ministerio Público ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una solicitud clara y específica:
- Declarar la nulidad absoluta del convenio con persona extranjera de derecho público para la cooperación y participación del 28 de julio de 2025.
- Ordenar a la empresa extranjera contratista que devuelva en su integridad todas las sumas de dinero recibidas como contraprestación por la ejecución del convenio.
Este caso representa un examen minucioso a los mecanismos de contratación internacional del Estado colombiano y establece un precedente importante sobre el cumplimiento estricto de los requisitos legales en acuerdos de esta magnitud. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca abre ahora el camino para que se examine en profundidad la validez de un convenio que compromete recursos públicos significativos y afecta un documento de identidad fundamental para los ciudadanos colombianos.
