Contraloría descubre millonarios pagos por parqueadero de vehículos incautados que nunca se vendieron
La Contraloría General de la República acaba de publicar una auditoría de cumplimiento sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrar y monetizar los recursos incautados a organizaciones criminales y mafias en Colombia. Los hallazgos son alarmantes: en lugar de generar réditos para el Estado, la SAE está gastando millonarios recursos en pagar parqueadero para vehículos abandonados en distintos puntos del país.
El caso del camión de $68 millones que lleva cinco años estacionado
Uno de los casos más emblemáticos documentados por la Contraloría, correspondiente al período 2021-2025, es el pago de $68 millones 400 mil pesos por el bodegaje de un camión con placas TGL613. Este vehículo, que debería haber sido comercializado por la SAE para beneficio del Estado, se encuentra actualmente en el patio Las Ceibas del municipio de Espinal, en el departamento de Tolima.
El camión fue llevado a este lugar en junio de 2019 por la entidad que dirige Amelia Pérez Parra, y desde entonces ha permanecido allí, acumulando polvo y deteriorándose progresivamente. Lo más preocupante es que este no es un caso aislado, sino parte de un patrón de gestión deficiente.
113 vehículos que representan $2 mil millones en gastos de parqueadero
Según la auditoría de la Contraloría, se trata de 113 vehículos por los cuales la SAE está pagando grandes sumas de dinero mensualmente en concepto de bodegaje. Esta práctica va en contravía de la misionalidad misma de la entidad, que debería estar enfocada en convertir estos activos incautados en recursos para el Estado.
Los cálculos del órgano de control son contundentes: en los últimos cinco años, la SAE ha pagado más de $2 mil millones únicamente en concepto de parqueadero para estos vehículos. De estos 113 vehículos, 29 tuvieron como dirección de almacenamiento bodegas adscritas a la marca Las Ceibas, ubicadas en Ibagué y El Espinal, mientras que la mayoría fueron enviados a un operador logístico en Yumbo, Valle del Cauca.
Deterioro progresivo y pérdida total de valor comercial
La Contraloría fue enfática en señalar que "con el paso del tiempo, los vehículos se deterioran y pierden por completo su valor de mercado, sin generar ningún beneficio, ingreso, ni utilidad, y hoy representan una pérdida de patrimonio". Esta situación genera una relación costo-beneficio negativa para el Estado colombiano, que en lugar de recibir ingresos por la venta de estos activos, está financiando su deterioro mediante pagos de almacenamiento.
En el documento conocido, la Contraloría explicó que este derroche de recursos puede constituir una falta disciplinaria "por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función". El hallazgo tiene un alcance fiscal de $2.029.203.005 y presunta incidencia disciplinaria.
La defensa de la SAE y la respuesta de la Contraloría
Durante el proceso de auditoría, la SAE presentó su versión de los hechos, argumentando que el 40,7% de los vehículos analizados corresponde a bienes de servicio público y/o de carga. La entidad señaló que ha desarrollado históricamente diversas gestiones con el propósito de definir el valor de los mismos, la comercialización del cupo y los derechos de reposición.
Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, explicó que "la falta de seguridad jurídica en estos asuntos ha generado dificultades y retrasos en la adopción de acciones efectivas para la disposición final de dichos bienes". Además, agregó que "las operaciones de disposición de vehículos de servicio público sin el trámite adecuado del intangible podían derivar en contingencias económicas, especialmente por los cobros administrativos y contractuales realizados por las empresas afiliadoras".
Sin embargo, la Contraloría consideró que, a pesar de estas justificaciones y de evidenciar recientes procesos de chatarrización y comercialización de los bienes, los mismos procedimientos no han generado resultados positivos que permitan la recuperación de recursos monetarios para la entidad.
Ineficiencia en la gestión de activos incautados
El órgano de control concluyó que "las actuales circunstancias evidencian la ineficiencia en la gestión y aprovechamiento de vehículos almacenados". Esta observación se mantiene como hallazgo con alcance fiscal y presunta incidencia disciplinaria, lo que podría tener consecuencias para los responsables de la gestión de estos activos.
La auditoría de la Contraloría sobre la SAE se realiza por disposición legal, dado que esta entidad maneja recursos de especial importancia para el Estado colombiano. Los vehículos incautados a organizaciones criminales representan una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas, pero según los hallazgos, se han convertido en una carga económica debido a una gestión deficiente.
Este caso pone en evidencia la necesidad de revisar los procedimientos de la SAE para la disposición final de los bienes incautados, con el fin de evitar que recursos que deberían beneficiar al Estado terminen generando gastos innecesarios y pérdidas patrimoniales. La situación de los 113 vehículos abandonados en parqueaderos de todo el país representa un claro ejemplo de ineficiencia en la administración de activos públicos.
