Procuraduría impone sanciones a funcionarios de la SIC por visitas irregulares a la Registraduría
En un fallo de primera instancia que mantiene reserva, la Procuraduría General de la Nación ha determinado sancionar disciplinariamente a al menos quince funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a graves irregularidades detectadas durante visitas administrativas realizadas en las sedes de la Registraduría Nacional el 12 de marzo de 2024.
Irregularidades comprobadas en las diligencias
Las investigaciones de la Procuraduría establecieron que durante estas visitas, los funcionarios de la SIC solicitaron, accedieron y extrajeron información de manera indebida tanto de computadores institucionales como de dispositivos móviles personales pertenecientes a servidores públicos de la Registraduría. Estas acciones fueron calificadas como faltas graves a título de dolo, lo que implica una intencionalidad clara en la comisión de las irregularidades.
Sancionados de alto perfil
Entre los sancionados destaca Francisco Melo Rodríguez, quien se desempeñaba como delegado para la Protección de la Competencia en la SIC. A Melo Rodríguez se le ha impuesto una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año completo, una de las sanciones más severas aplicadas en este caso.
Otro funcionario sancionado es Mario Alejandro Franco, quien recibió una suspensión e inhabilidad por un período de nueve meses. La Procuraduría determinó que tanto el superintendente delegado como el coordinador y las personas comisionadas como profesionales y contratistas incurrieron en extralimitación de funciones durante las visitas a la Registraduría.
Fundamento de las sanciones
Para el organismo de control, resulta evidente que los funcionarios sancionados sobrepasaron los límites de sus atribuciones legales al realizar acciones que no correspondían a sus funciones oficiales. La Procuraduría enfatiza que estas conductas vulneran los principios de legalidad y transparencia que deben regir la actuación de los servidores públicos en Colombia.
Este caso representa un precedente significativo en materia de control disciplinario sobre organismos de vigilancia del Estado, destacando la importancia de que todas las entidades públicas actúen dentro de los marcos legales establecidos, independientemente de sus funciones de supervisión o control.
