En Colombia, la contratación pública suele ser objeto de críticas, pero las cifras revelan una realidad más compleja. Según datos de Colombia Compra Eficiente y el sistema SECOP II, más del 80% de los contratos se realizan bajo modalidades distintas a la licitación pública, siendo la contratación directa una de las más relevantes.
¿Qué es la contratación directa?
La contratación directa es una herramienta legal regulada por la Ley 1150 de 2007, que permite al Estado contratar de manera ágil en situaciones específicas, como urgencia manifiesta, contratos interadministrativos, prestación de servicios profesionales o inexistencia de pluralidad de oferentes. Cada proceso debe estar soportado técnica y jurídicamente, descartando decisiones arbitrarias.
Mitos comunes sobre la contratación directa
La Red Summa, organización experta en contratación pública, advierte que existen tres mitos principales que distorsionan la percepción ciudadana:
- “Es contratar a dedo”: La normativa enumera taxativamente las causales para su uso, y cada proceso exige soportes técnicos y jurídicos, lo que elimina la arbitrariedad.
- “Es una forma de evadir la ley”: Esta modalidad está sujeta a principios de transparencia y economía, con requisitos de publicación y trazabilidad, además de las restricciones de la Ley de Garantías en periodos electorales.
- “Siempre termina en malas prácticas”: Aunque puede ser mal utilizada, ha sido fundamental para atender emergencias y vincular expertos cuando el Estado carece de capacidades internas. Su impacto depende de la correcta aplicación de la norma, no de la modalidad en sí misma.
Impacto de los mitos en la confianza pública
Desde Red Summa, su directora Camila Jaramillo señala que términos como “contratadero” simplifican el debate y generan desconfianza. “El problema no es su existencia, sino la falta de comprensión sobre cómo y cuándo debe aplicarse”, afirma.
En un contexto donde la transparencia es una exigencia creciente, el desafío para Colombia no es eliminar la contratación directa, sino fortalecer su uso adecuado y mejorar la pedagogía sobre su funcionamiento. La correcta aplicación de la Ley 1150 de 2007 es clave para garantizar procesos eficientes y transparentes.
