En medio de las crecientes críticas al Gobierno por el aumento en el gasto público y la negativa del presidente Gustavo Petro para reducir lo que él denomina gasto social, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el borrador de decreto del Plan de Austeridad del Gasto que deben acatar las entidades incluidas dentro del Presupuesto General de la Nación para este año. La norma contempla, entre otras medidas, la reducción de gasto en contratos de prestación de servicios y la eliminación de uso de pactos arbitrales para dirimir controversias comerciales.
Reducción en contratos de prestación de servicios
En este nuevo plan, el Ejecutivo incluyó varias disposiciones enfocadas al ahorro de recursos en la contratación de personal para prestación de servicios. Por un lado, estableció que las entidades anexas al PGN deberán revisar las razones que justifiquen la contratación de personas para estos fines y ordenó que no se podrán celebrar nuevos acuerdos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano. En ese mismo punto, determinó que los organismos deberán aplicar un plan de reducción de gasto a partir del momento en que el documento adquiera vigencia, con el objetivo de evitar duplicidad de contrataciones y propender por una eficiencia que racionalice recursos y optimice el gasto público.
Eliminación de pactos arbitrales internacionales
Más adelante, en su artículo 29, el borrador de decreto fija limitaciones en el establecimiento de pactos arbitrales en contratos estatales. Según señala el MinHacienda, los órganos que hacen parte del PGN deben abstenerse de establecer pactos arbitrales de alcance internacional para dirimir controversias comerciales relativas a inversiones en contratos estatales. A su vez, argumenta que, en caso de que se requiera pacto arbitral, la entidad deberá justificar su necesidad y contar con una autorización del secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En la memoria justificativa, el Gobierno precisó que esta prohibición al arbitramiento se justifica en que, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, no existe ninguna norma legal que imponga a los organismos públicos solucionar sus controversias comerciales ante la justicia arbitral internacional. "En ese orden de ideas, las controversias que se susciten con entidades públicas pertenecientes al Presupuesto General de la Nación deben resolverse ante la justicia ordinaria, administrativa y constitucional de la República de Colombia", se lee en el documento. Señaló que esta medida busca reducir gastos asociados al pago de honorarios altos que demandan estos tribunales, ya sea por conformación de las partes o porque la entidad acudió ante un tribunal de renombre como la Cámara de Comercio de Bogotá o el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones.
Otras medidas de austeridad
Por otra parte, el Gobierno también tiene el propósito de usar menos recursos estatales con medidas que contemplan la modificación de la planta de personal y estructura administrativa siempre y cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros en los gastos de la entidad, la incorporación de acciones que permitan racionalizar el reconocimiento de pago de horas extras y la existencia de un plan anual de vacaciones para que estos periodos no sean acumulados ni interrumpidos.
Las entidades también deberán acatar directrices de arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles y de cambio de sede: implementar medidas tendientes a reducir gastos de arrendamiento de instalaciones físicas de conformidad con el personal que está en teletrabajo; realizar jornadas de mantenimiento solo de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento, a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo; y cambiar de sede únicamente cuando no haya impacto al PGN o sea inaplazable la construcción o adquisición de un nuevo inmueble.
Sumado a esto, los organismos tendrán que promover y dar prioridad a encuentros y eventos virtuales sobre eventos que impliquen el desplazamiento físico de los servidores públicos; planificar con mínimo tres meses de anticipación los viajes del personal para acceder a mejores tarifas de transporte y tiquetes aéreos; y aplicar medidas restrictivas para el pago de viáticos, entre las que se incluyen no pagar más del 50% de los gastos cuando la comisión de servicios no requiera pernoctar en el lugar de destino.
Reducción en seguridad y publicidad estatal
En otro frente, con el documento, el MinHacienda ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar los esquemas de seguridad de los servidores públicos para procurar reducir su conformación y establece que las entidades del PGN deberán adoptar medidas para reducir el gasto en vigilancia mediante la implementación de dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas o tecnologías similares y no podrán adquirir vehículos automotores oficiales nuevos si los existentes no presentan una obsolescencia superior a seis años.
El Gobierno le apuesta a la reducción de gasto con la abstención de uso de recursos en publicidad estatal, por ejemplo, en la compra de agendas, almanaques, libretas, pocillos, esferos, entre otros; en la compra de suscripciones a periódicos y revistas; y en la compra de regalos corporativos o recuerdos para eventos del Estado. Asimismo, prohíbe el otorgamiento de condecoraciones de cualquier tipo que generen erogación, a excepción de las otorgadas por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Planes internos de austeridad
Por último, el borrador ordena a las entidades elaborar y publicar sus propios planes de austeridad que deben definir una meta cuantitativa de ahorro para la vigencia 2026, así como mecanismos para su cumplimiento. "El seguimiento y evaluación de las categorías de gasto incluidas en los Planes Internos de Austeridad se hará de forma semestral", recalcó el Ministerio.
