Contraloría exige información contractual detallada a la Aerocivil tras solicitud del Ministerio de Transporte
En un movimiento de supervisión fiscal, la Contraloría General de la República ha emitido un oficio dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), solicitando información exhaustiva sobre todos los procesos contractuales que maneja la entidad. Esta acción se produce luego de una petición formal del Ministerio de Transporte, marcando un paso significativo en el escrutinio de las operaciones contractuales del sector aeronáutico colombiano.
Alcance detallado de la solicitud de información
El organismo de control ha requerido a la Aerocivil que proporcione datos minuciosos sobre todos los contratos que actualmente se encuentran en ejecución, así como aquellos procesos que fueron adjudicados durante el año 2025, lo corrido del 2026 y los que están programados para iniciar en el corto plazo. La solicitud abarca múltiples aspectos contractuales fundamentales para la transparencia:
- Objeto específico de cada contrato
- Valores estimados y montos involucrados
- Modalidades de contratación utilizadas
- Metodología de evaluación aplicada en cada proceso
- Estado actual de avance de cada contrato
Investigación sobre exfuncionario clave
Un elemento particularmente relevante de la solicitud incluye la exigencia de documentos relacionados con el exjefe del área jurídica Farid Stemberg Parra Cano, quien presentó su renuncia mediante la Resolución 01222 del 13 de abril de 2026. La Contraloría ha pedido específicamente:
- Actas completas de los comités de contratación en los que participó el exfuncionario
- Correos electrónicos oficiales donde haya intervenido en relación con procesos contractuales
- Informes y documentación asociados a su gestión en materia contractual
Requisitos adicionales y plazos estrictos
La Aerocivil también deberá entregar certificaciones sobre el uso de pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente y los reportes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno de la propia entidad. El oficio de la Contraloría advierte de manera enfática que el cumplimiento de este requerimiento "es una obligación legal" y establece un plazo máximo de siete días hábiles para que la información sea remitida completamente.
Posibles consecuencias y seguimiento fiscal
Según ha explicado la Contraloría General, la información recopilada permitirá determinar si procede con la apertura de una actuación de vigilancia o control fiscal contra la Aerocivil. Este proceso podría derivar en investigaciones más profundas sobre la gestión contractual de la entidad, con posibles implicaciones administrativas y legales dependiendo de los hallazgos que se obtengan del análisis de la documentación solicitada.
