Contraloría cuestiona fundamentos de emergencia económica por crisis climática
La Contraloría General de la República emitió un contundente informe donde advierte que la declaratoria de emergencia económica realizada por el Gobierno en febrero de 2026, sustentada en la crisis climática, carece de bases de cálculo sólidas que respalden el requerimiento de entre $8,26 y $8,68 billones de pesos para atender territorios afectados por las lluvias.
Falta de sustento técnico en cifras multimillonarias
El ente de control, atendiendo un requerimiento de la Corte Constitucional, realizó una revisión exhaustiva del Decreto 0150 de 2026 y encontró graves inconsistencias. "No se evidencia claramente las bases de cálculo detallado que sustente la estimación global de los recursos requeridos", precisó la Contraloría en su informe oficial.
Uno de los hallazgos más preocupantes se refiere a la medición del área inundada en el departamento de Córdoba. Mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 113.641 hectáreas afectadas, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, mediante imágenes de radar Sentinel 1, estimó aproximadamente 66.276 hectáreas. Esta diferencia de cerca de 47.365 hectáreas afecta directamente la cuantificación de daños y costos, sugiriendo una posible sobreestimación del impacto físico de la emergencia.
Ausencia de plan nacional articulado
La Contraloría identificó que no existe un plan nacional articulado para la atención de la emergencia, sino una mera agregación de respuestas sectoriales construidas a partir de estimativos generales. La Ungrd reconoció expresamente que la desagregación por proyectos específicos y criterios de priorización corresponde a una fase posterior aún en construcción.
Además, el Gobierno no ha expedido el acto administrativo de liquidación de los recursos, impidiendo su incorporación al Presupuesto General de la Nación y, en consecuencia, su ejecución efectiva. Este punto, sumado a los diagnósticos incompletos de las entidades frente al impacto de la crisis climática, limita la coherencia del conjunto de medidas tributarias propuestas.
Debilidades en focalización y priorización
El informe detalla múltiples problemas estructurales:
- Debilidades en la focalización territorial
- Ausencia de criterios claros de priorización
- Posibles duplicidades e inconsistencias en los cálculos
- Existencia de recursos ordinarios no plenamente considerados por algunas entidades
La Contraloría cuestionó especialmente que el Gobierno no explicó por qué no recurrió primero a los mecanismos ordinarios y excepcionales contemplados en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Hallazgos sectoriales preocupantes
El análisis por sectores reveló problemas específicos:
Sector agropecuario: Se detectaron inconsistencias aritméticas, duplicidades y errores metodológicos en rubros como recuperación pecuaria, acuícola y pesquera. Entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural contaban con recursos ordinarios disponibles que no fueron considerados.
Vivienda: Para este sector, donde el Ejecutivo estima la mayor adición presupuestal con $4,45 billones, la Contraloría encontró una diferencia de más de $23.500 millones entre su cálculo y el reportado por el Ministerio de Vivienda. Además, señaló ausencia de criterios de priorización territorial y riesgos de incluir beneficiarios no elegibles.
Educación: Los plazos de ejecución contemplados de entre cinco y nueve meses, con posibles extensiones de uno a dos años, contradicen el principio de inmediatez que exige la jurisprudencia constitucional para medidas en estados de excepción. Para este sector se solicitaron $863.238 millones.
Sectores de Minas y Energía y Defensa: La Contraloría no pudo emitir pronunciamiento alguno por falta de información técnica detallada en el primer caso, y porque la documentación entregada se limitó a un acta de reunión en el segundo.
Llamado a política pública estructurada
Finalmente, la Contraloría llamó la atención sobre la baja programación de recursos para atender desastres en 2026, lo que obliga a recurrir a mecanismos extraordinarios ante cualquier evento. "Sigue siendo necesaria la estructuración de una Política Pública para financiar la Gestión del Riesgo de Desastres", afirmó el ente de control, destacando que esta debe contemplar fuentes de recursos necesarias y suficientes sin generar desequilibrio fiscal a la Nación.
