La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado oficial para responder a las afirmaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en las que cuestionaba la integridad del proceso electoral en Colombia. En un documento de tres páginas, la entidad detalló los aspectos técnicos del censo electoral, el potencial de votantes, el manejo del software y el proceso de escrutinio, con el objetivo de garantizar la transparencia de los comicios presidenciales.
Aclaraciones sobre el censo electoral
La Registraduría desmintió la afirmación del presidente Petro sobre un cierre del censo electoral dos meses antes de las elecciones. Según la entidad, la inscripción de ciudadanos para votar finalizó el 31 de marzo de 2026, conforme al artículo 49 de la Ley 1475 de 2011 y el calendario establecido por la Resolución 2580 de 2025. El censo electoral definitivo, que habilitó a 41.421.973 colombianos para sufragar tanto en el país como en el exterior, se cerró oficialmente el 30 de abril.
La institución subrayó que este censo fue socializado con las agrupaciones políticas el mismo día durante la mesa técnica "Cómo vamos", hecho respaldado por actas firmadas por los representantes de las campañas. Además, el 22 de mayo de 2026 se entregó a las campañas una aplicación de consulta para que los ciudadanos pudieran identificar su puesto de votación.
Potencial de votantes y distribución de mesas
En cuanto al potencial de votantes, la Registraduría indicó que la información fue publicada el 4 de mayo mediante las resoluciones 4601 y 4602. Explicó que, aunque en las cabeceras municipales el promedio es de 360 ciudadanos por mesa, existen puestos de censo como Corferias en Bogotá, donde las mesas tienen capacidades de 500, 800 e incluso 1.200 ciudadanos. Esta distribución técnica explica por qué en más de 5.300 mesas se registraron votaciones superiores a los 300 votantes, cifras que fueron verificadas y consolidadas por jueces de la República en las comisiones escrutadoras.
Transparencia en el software y auditorías
La Registraduría también respondió a las acusaciones sobre presuntas modificaciones al software electoral el pasado 26 de mayo. La entidad desmintió cualquier alteración en los horarios mencionados (1:21 p.m. y 7:21 p.m.) y aclaró que, en su lugar, se puso a disposición de los auditores de los partidos la carpeta "Básicos auditores presidente 2026" y el archivo de la División Política Electoral (DIVIPOLE).
La entidad enfatizó que la fecha y hora registradas en estos archivos corresponden al momento en que la información fue habilitada para los auditores de las campañas políticas, con el fin de que realizaran sus propios procesos de verificación y análisis. Asimismo, hizo un llamado a los auditores de sistemas de las campañas para que comuniquen la información técnica de manera rigurosa, evitando "interpretaciones imprecisas" e "injustificadas".
Denuncia de manipulación de formularios E-14
La Registraduría Nacional alertó sobre la detección en redes sociales de formularios E-14 manipulados y alterados mediante inteligencia artificial. Según la entidad, estas publicaciones no corresponden a las actas electorales reales de las mesas de votación y forman parte de una campaña de desinformación que circula tras la jornada electoral.
En contraste, el organismo defendió la agilidad del escrutinio, atribuyéndolo a la labor de los jueces de la República y a la transparencia de los jurados de votación. Se destacó que las reclamaciones presentadas en las mesas fueron mínimas, dada la eficiencia en el conteo de mesa y el posterior escrutinio judicial.
Acompañamiento de organismos de control
Finalmente, la Registraduría recordó que todos los avances en la organización de las elecciones presidenciales fueron socializados previamente con representantes de organizaciones políticas, el Ministerio del Interior y misiones de observación electoral, sesiones que están debidamente documentadas en videos y actas. Como medida de transparencia adicional, la entidad invitó a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación a que continúen con sus labores de vigilancia y control sobre el proceso de la segunda vuelta presidencial.
