El proyecto de ley que busca regular los contratos de prestación de servicios en el Estado y evitar el encubrimiento de relaciones laborales bajo esa modalidad está al borde del hundimiento en el Congreso. La iniciativa, que debía debatirse este martes en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, quedó en vilo luego de que se rompiera el quórum de la sesión.
Angélica Lozano señala a Mafe Carrascal de sabotaje
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, responsabilizó a la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, por la caída del quórum. "Les jugó sucio a los contratistas", afirmó Lozano, quien lamentó que Carrascal se retirara de la sesión cuando se iba a aprobar un proyecto que beneficia a un millón y medio de personas que trabajan bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.
Lozano aseguró que, tras siete intentos legislativos por sacar adelante una regulación de este tipo, la iniciativa podría volver a fracasar por "mezquindad política". "Aquí los perjudicados no somos los contradictores políticos. Los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones o estabilidad, y que incluso tienen que endeudarse para pagar su seguridad social", señaló.
El proyecto debe aprobarse antes del 20 de junio
El tiempo corre en contra de la iniciativa. Debe ser aprobada antes del próximo 20 de junio o se hundirá por falta de tiempo. La sesión de este martes requería la presencia mínima de 11 de los 21 integrantes de la Comisión Séptima para mantener el quórum decisorio. Asistieron exactamente 11 congresistas, pero la salida de Carrascal bastó para levantar la discusión.
Medidas del proyecto de ley
La iniciativa, presentada en agosto de 2024 por Lozano y representantes de la Alianza Verde como Olga Lucía Velásquez, Wilmer Castellanos, Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo y Cristian Avendaño, ya surtió dos debates en el Senado y cursa su tercer debate, el primero en la Cámara. Entre las medidas que contempla están:
- Obligar a las entidades públicas a crear tablas de honorarios para equiparar los ingresos de contratistas con los de funcionarios de planta que desempeñen funciones similares, considerando formación académica y experiencia.
- Reconocer 12 días hábiles de descanso anual proporcionales al tiempo contratado.
- Que las entidades asuman el costo de los exámenes médicos ocupacionales.
- Permitir el acceso voluntario de contratistas a programas de bienestar, alimentación y transporte sin que ello implique subordinación laboral.
- Entregar certificaciones detalladas sobre el objeto, duración y valor de los contratos.
- Crear líneas especiales de ahorro y crédito en el Fondo Nacional del Ahorro para educación y vivienda.
- Posibilidad de otorgar una bonificación anual de ahorro sujeta a disponibilidad presupuestal.
- Prohibir la fragmentación de contratos para cubrir una misma necesidad dentro de una misma vigencia fiscal.
La respuesta de Carrascal
Por su parte, Carrascal rechazó las acusaciones y defendió sus reparos al articulado del proyecto, al que calificó de "abiertamente inconstitucional". "En lugar de avanzar hacia la formalización laboral, profundiza la deslaboralización en el Estado, legaliza formas de fraude laboral y crea trabajadores de segunda categoría", sostuvo.
Según Carrascal, las medidas planteadas podrían terminar ralentizando los procesos de formalización laboral en el Estado. "Si esto se aprueba tal como está, podríamos estarle diciendo al Estado: 'Tranquilos, desaceleremos la formalización'", señaló. También advirtió que las disposiciones transitorias podrían convertirse en permanentes y cuestionó la falta de claridad jurídica sobre la naturaleza del nuevo esquema contractual. "No sabemos cuál sería el juez natural para este tipo de contrato: si el civil, el laboral o el administrativo", dijo.
El proyecto de ley sigue en vilo, a la espera de que se retome su debate en los próximos días, antes del 20 de junio.
