La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria formal contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por los insultos que profirió contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana el 11 de noviembre de 2025. En esa ocasión, Benedetti calificó a la magistrada como “loca, demente y delincuente”.
Detalles de la investigación
El auto con radicado IUS E-2025-593346 IUC D-2025-4190179, fechado el 18 de marzo de 2026 y firmado por el procurador delegado para la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, establece que se cierra la etapa preliminar y se da paso a una investigación formal. El documento, al que tuvo acceso Colprensa, señala como tema por tratar que “procede el despacho a evaluar la indagación previa de la referencia”.
Antecedentes del caso
El caso se originó a partir de una publicación periodística titulada “Armando Benedetti confirma allanamiento a su residencia y critica a la magistrada Cristina Lombana: ‘Loca, demente’”. En sus declaraciones, Benedetti afirmó: “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”. Además, se refirió a la magistrada como alguien que “supuestamente, está enferma con él” y aseguró: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia”.
El auto también recoge que el ministro acusó a Lombana de haberlo mandado “a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos”, y denunció “más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”.
Cronología de los hechos
La indagación preliminar se abrió el mismo 11 de noviembre de 2025, día en que la magistrada Lombana ordenó el allanamiento a la mansión de Benedetti en el conjunto Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico), por investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito. Según la revista Semana, la decisión del procurador Sanjuán fue “iniciar investigación disciplinaria en este asunto, en contra de Armando Alberto Benedetti Vilaneda, en la calidad de ministro del Interior”.
Fuentes de la Procuraduría confirmaron que hasta hace poco el proceso estaba en etapa de recolección de pruebas. El 14 de noviembre de 2025, el procurador general, Gregorio Eljach, declaró que el trámite avanzaba con autonomía: “Ellos han decretado unas pruebas, ya las estarán realizando. Cuando llegue el momento, evaluarán cuál es la conducta a seguir y cuál es la medida que hay que adoptar”.
Pruebas decretadas
La Procuraduría decretó pruebas como copias del expediente del despacho de la magistrada Lombana, la orden de allanamiento y el registro de la diligencia del 11 de noviembre de 2025. También requirió al Ministerio del Interior certificar si la cuenta de Benedetti en la red social X es institucional y, en ese caso, informar el nombre, cargo y funciones de quien administra las publicaciones.
Intervención del Consejo de Estado
La formalización del caso ocurrió seis semanas antes de que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de abril de 2026, compulsara copias al ente de control para investigar al ministro por los mismos hechos. En ese fallo, que dejó en firme el nombramiento de Benedetti como ministro, los magistrados señalaron que “la Sala no puede pasar por alto que en la alzada la parte actora expuso que el demandado agredió verbalmente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ‘sin el mayor respeto por la funcionaria y por su calidad de mujer’”. Ordenaron oficiar a la Procuraduría para que adelante “las averiguaciones correspondientes, relacionadas con la conducta del demandado en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia”.
Investigaciones penales en la Corte Suprema
En la Corte Suprema cursan seis investigaciones penales contra Benedetti por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Cuatro de ellas estaban en manos de la magistrada Lombana antes de que la apartaran del caso.
