El Congreso de la República aprobó el nuevo régimen sancionatorio aduanero, un proyecto impulsado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según la Dian, esta aprobación evita que el país enfrente un vacío jurídico en materia aduanera, un escenario crítico que habría dejado a la entidad sin la autoridad legal necesaria para controlar las fronteras y combatir el comercio ilícito.
Agradecimientos y trabajo en equipo
Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian, expresó su gratitud: "Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición, al Gobierno nacional y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país".
Simplificación de sanciones
El proyecto simplifica las sanciones, reduciéndolas de 357 a 235. Betancourt explicó: "Las multas ahora son muy proporcionales y ponen un énfasis muy importante en diferenciar un error formal de una conducta que es gravemente dolosa". Además, se simplificaron los procedimientos, eliminando cinco que eran problemáticos para la Dian, lo que facilita la aplicación de todo el régimen de sanciones y genera nuevas causales de reducción o exoneración. "Cuando el usuario aduanero demuestre la debida diligencia, la aplicación de las sanciones será un poco más leve", agregó.
Impacto en la lucha contra el contrabando
En Inside LR, Betancourt ya había insistido en la necesidad de que este proyecto surtiera su trámite en el Congreso por su aporte para combatir el contrabando. El director comentó que el contrabando representa US$8.000 millones, unos $32 billones, mientras que por el no pago de impuestos por concepto de IVA a las importaciones y aranceles se dejan de recaudar $8 billones.
Blindaje jurídico de procesos fiscales
Haber aprobado el proyecto también significa el blindaje jurídico de la continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales valorados en $3.2 billones, los cuales habrían tenido que archivarse de no contarse con el nuevo marco legal.
