La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien anunció públicamente su intención de ponerse al frente de la campaña electoral de Iván Cepeda, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
Declaraciones de la directora de la MOE
En una entrevista con el programa 'Recap' de Blu Radio, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, enfatizó que el presidente tiene el deber constitucional de mantener la neutralidad y ofrecer garantías para un proceso electoral libre y equitativo. Barrios señaló que "no hay forma de entender cómo un presidente de la República en las condiciones en que hoy se encuentra quiere ponerse al frente de una campaña".
La figura presidencial y la unidad nacional
Según Barrios, la figura del presidente representa la unidad nacional, por lo que su función primordial debe ser brindar seguridad y condiciones de igualdad a todos los contendientes, asegurando que los ciudadanos puedan votar libremente. El pronunciamiento de Petro se dio en su cuenta de X, tras conocerse los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo, donde Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda resultaron finalistas.
Límites legales para la participación en política
Barrios explicó que el marco legal colombiano establece límites claros para la participación en política de funcionarios públicos. La "única manera" en que Petro podría hacer campaña activa por Cepeda sería renunciando a la Presidencia para convertirse nuevamente en militante del Pacto Histórico. Mientras ostente el cargo, debe centrarse en sus responsabilidades estatales y dejar el proselitismo al gerente de campaña.
Consecuencias legales y seguimiento
La MOE recordó que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, encabeza las comisiones nacionales de seguimiento electoral, donde se deben adoptar reglas consensuadas. Si Petro desea, puede encabezar dichas comisiones para definir las reglas, pero no participar en la estrategia electoral de un candidato. Existe una sentencia del Consejo de Estado que regula la publicidad política y las acciones presidenciales, delegando al procurador el seguimiento. Finalmente, corresponde al Congreso iniciar investigaciones si el presidente incumple la Constitución.
