La campaña presidencial del general retirado Gustavo Matamoros Camacho emitió un comunicado oficial para responder a los cuestionamientos que surgieron en los últimos días sobre presuntos incumplimientos de pago y posibles irregularidades en la contratación y manejo de recursos durante actividades políticas previas a las elecciones presidenciales de 2026.
Origen de las denuncias
El pronunciamiento se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibiera una denuncia administrativa y una solicitud de verificación preliminar sobre la forma en que se habrían manejado los recursos y las contrataciones vinculadas a la campaña. Los documentos presentados ante las autoridades electorales incluyen señalamientos sobre presuntas irregularidades en la administración financiera del proyecto político, así como dudas sobre la trazabilidad de contratos y pagos que deberían haber sido reportados al sistema Cuentas Claras, la plataforma utilizada para el control de ingresos y gastos de campañas.
Cambios en la gerencia y tercerización
Entre los aspectos mencionados en las denuncias se encuentra el cambio en la gerencia de la campaña. Inicialmente, ese cargo fue ocupado por Óscar Alonso Vélez Rojas y posteriormente pasó a Gustavo Matamoros Galvis, hijo del candidato presidencial. También se cuestiona una supuesta tercerización de funciones del equipo político a través de una empresa con vínculos con el propio candidato, situación que habría motivado solicitudes de revisión sobre la separación entre la administración de recursos y la contratación de servicios.
Respuesta de la campaña
Frente a esos cuestionamientos, la campaña sostuvo que ha actuado “con absoluto rigor, transparencia y responsabilidad en el manejo de sus recursos”, y aseguró que todas las fuentes de financiación han sido “legítimas, verificables y debidamente reportadas”. En el comunicado, el equipo político afirmó además que la candidatura del general Matamoros surgió con el objetivo de “alzar la voz en defensa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, así como promover garantías para los integrantes de la Fuerza Pública.
Negación de incumplimientos
La campaña negó haber incumplido obligaciones contractuales después de la oficialización de la candidatura presidencial. “Desde la inscripción formal de la candidatura, realizada el 13 de marzo de 2026, no ha incumplido, desconocido ni defraudado contrato alguno suscrito en el marco de la campaña presidencial”, señala el documento.
Reclamaciones de servicios
Otro de los puntos abordados tiene que ver con reclamaciones de personas que aseguran haber prestado servicios logísticos o políticos relacionados con actividades de campaña. Sobre ese tema, el equipo de Matamoros indicó que, según la información conocida públicamente, varias de esas relaciones contractuales habrían terminado antes de la inscripción oficial de la candidatura. “Dichas relaciones contractuales habrían culminado el 28 de febrero de 2026”, afirmó la campaña, que además anunció una revisión documental interna para establecer si existieron compromisos formalmente adquiridos por sus representantes autorizados.
Compromisos y responsabilidades
El comunicado agrega que, en caso de comprobarse obligaciones válidamente contraídas por la campaña, estas serán atendidas conforme a la ley y a las normas electorales vigentes. Sin embargo, el equipo político también sostuvo que cualquier obligación o compromiso que no haya sido asumido formalmente por la campaña deberá ser respondido por terceros que hubieran realizado contrataciones sin autorización oficial.
Llamado a los medios
La comunicación concluye con un llamado a los medios de comunicación para verificar directamente con la campaña cualquier información relacionada con el caso “a fin de evitar la difusión de afirmaciones que puedan afectar injustamente la reputación de las personas involucradas”.
