El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido extender el polémico contrato con la firma británica Amadeus Consultancy Limited para continuar recibiendo asesoría jurídica relacionada con las sanciones impuestas por Estados Unidos al mandatario colombiano. Esta decisión se toma a pesar de que la contratación, que asciende a 10.000 millones de pesos, sigue bajo revisión de la Procuraduría General de la Nación, que mantiene abierta una indagación preliminar sobre el proceso contractual y posibles irregularidades.
Detalles de la prórroga del contrato
La prórroga mantiene intacto el esquema financiero acordado desde el inicio del contrato. Según información revelada por Caracol Radio, el pago continuará dividido en cuatro desembolsos de 2.500 millones de pesos cada uno, equivalentes a 500 mil libras esterlinas por entrega. No obstante, los recursos estarán sujetos a la presentación de informes técnicos, análisis sobre riesgos institucionales y conceptos jurídicos relacionados con el régimen de sanciones financieras internacionales.
Cabe recordar que el contrato es administrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), entidad que además incorporó una "mesa técnica de apoyo" para revisar de manera inmediata los documentos entregados por la compañía extranjera y agilizar la aprobación de los pagos previstos.
Esquema especial de contratación
La modificación contractual mantiene la exclusión del acuerdo frente a la tabla ordinaria de honorarios utilizada por la Presidencia de la República. Según el documento oficial, los servicios contratados corresponden a labores "altamente calificadas", especializadas y de confianza, razón por la cual se justificó un esquema excepcional para la contratación de la consultora internacional.
La ampliación del contrato fue aceptada formalmente el pasado 30 de abril por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, representantes de Amadeus Consultancy Limited. En una comunicación dirigida a Augusto Ocampo, supervisor del contrato, la firma expresó su "aceptación integral" de las nuevas condiciones y manifestó su intención de formalizar la modificación contractual.
Enfoque de la asesoría
La asesoría contratada está enfocada en recomendaciones jurídicas estratégicas alrededor de sanciones financieras internacionales y análisis de posibles riesgos institucionales derivados de las medidas tomadas por Estados Unidos. El acuerdo también contempla la elaboración de conceptos técnicos sobre escenarios regulatorios y financieros relacionados con el caso.
Investigación de la Procuraduría
La Procuraduría continúa adelantando una indagación preliminar para revisar las condiciones bajo las cuales se celebró el contrato y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación disciplinaria formal. Entre los aspectos bajo análisis aparecen el monto comprometido, el mecanismo de selección y las características operativas de la compañía contratada.
De acuerdo con registros mercantiles del Reino Unido citados en la información conocida, Amadeus Consultancy Limited fue creada en 2017 y reporta activos limitados junto con una planta compuesta por apenas dos empleados. Ese perfil empresarial ha alimentado las dudas alrededor de la capacidad técnica y operativa de la firma para ejecutar un contrato de las dimensiones aprobadas por la Presidencia colombiana.
Cuestionamientos sobre el proceso
Los cuestionamientos también se han concentrado en la falta de competencia abierta dentro del proceso contractual. Aunque el Gobierno sostiene que se trata de servicios altamente especializados y de confianza, algunos sectores han planteado dudas sobre los criterios utilizados para seleccionar a la consultora extranjera y sobre la proporcionalidad de los recursos comprometidos.
La inclusión de la mesa técnica de apoyo dentro del DAPRE también ha generado interpretaciones sobre el interés institucional de acelerar el flujo de desembolsos y garantizar la continuidad de la asesoría internacional. Hasta el momento, sin embargo, el Gobierno no ha reportado modificaciones sustanciales sobre las condiciones económicas inicialmente pactadas.
Debate sobre transparencia y uso de recursos
La continuidad de la asesoría jurídica revive el debate sobre el uso de recursos públicos para atender situaciones que involucran directamente al presidente de la República. Esta situación abre nuevas discusiones sobre transparencia, contratación estatal y controles disciplinarios dentro de la administración nacional.
La decisión del Gobierno de extender el contrato, pese a las investigaciones en curso, ha generado reacciones encontradas en diversos sectores políticos y sociales, que cuestionan la pertinencia y legalidad del proceso.
