Defensores de la Patria, el movimiento político liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación que determine si el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha convertido en el comando de campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial.
Cuestionamientos sobre el rol del Gobierno
La organización, conocida como el movimiento del Tigre, cuestionó si los ministros y altos funcionarios del Estado están actuando dentro de sus funciones constitucionales o si, por el contrario, se han integrado a la campaña presidencial de Cepeda. En un comunicado de prensa, la colectividad señaló que el presidente Petro identificó públicamente a uno de los candidatos en contienda, convocó una alianza para derrotarlo, afirmó que se requieren tres millones de votos adicionales y anunció que personalmente se pondrá al frente de ese propósito.
“A esto se suman pronunciamientos de varios ministros, las controversias sobre el uso de RTVC y las alertas relacionadas con la utilización de capacidades institucionales del Estado con potencial incidencia electoral”, añadió el comunicado.
Vigilancia internacional y garantías electorales
Defensores de la Patria también solicitó vigilancia especial de misiones internacionales de observación electoral. La colectividad sostuvo que los recursos públicos y las capacidades del Estado pertenecen a todos los colombianos y no pueden utilizarse en favor de una candidatura presidencial. “El Estado no puede convertirse en maquinaria electoral. Los ministros no pueden actuar como activistas de una candidatura. Los recursos públicos, los medios institucionales y las capacidades del Gobierno pertenecen a los colombianos, no a una campaña presidencial”, insistieron.
El movimiento reiteró que la segunda vuelta electoral debe desarrollarse con reglas claras, equilibrio institucional y garantías reales para ambas candidaturas, y pidió a la Procuraduría actuar con celeridad para evitar cualquier uso indebido del poder público.
