Demanda judicial amenaza con dejar sin curul a tres congresistas del Pacto Histórico en Bogotá
La controversia política se intensifica en la capital colombiana tras el anuncio de una demanda ante el Consejo de Estado que busca la nulidad de la elección de tres representantes del Pacto Histórico. El veedor ciudadano Juan Carlos Calderón España ha iniciado acciones legales contra María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y Laura Daniela Beltrán, figuras reconocidas del movimiento petrista, por presunta doble militancia que, de prosperar, podría costarles sus escaños en el Congreso.
Los fundamentos de la demanda por doble militancia
Durante una entrevista en Mañanas Blu, Calderón España explicó detalladamente los argumentos de su acción judicial. Según su interpretación, las congresistas incurrieron en una irregularidad desde el momento en que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025. "Estas representantes electas están en doble militancia desde el día que participaron en la consulta", afirmó el veedor con contundencia.
El origen del conflicto, según Calderón, se remonta a la decisión inicial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no aprobar la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico. Esta situación, en su criterio, impedía legalmente que las candidatas se inscribieran bajo la coalición. "Ellas no podían ir en la lista porque no habían sido desvinculadas", sostuvo, añadiendo que la posterior aprobación de la fusión no corrige el problema fundamental, ya que ocurrió después del cierre de inscripciones de candidaturas.
Consecuencias políticas de alto impacto
El proceso judicial podría desencadenar efectos significativos en el panorama político nacional. Si la demanda prospera ante el Consejo de Estado, se declararía la nulidad de la elección de las tres congresistas, quienes perderían inmediatamente sus curules. Calderón España anticipó que el proceso podría extenderse aproximadamente seis meses y advirtió que "esto apenas empieza", sugiriendo que vendrán más acciones judiciales contra otros integrantes del Pacto Histórico en diferentes regiones del país.
La advertencia del veedor ciudadano se extiende más allá de las tres congresistas mencionadas. "Los que se posesionarían también incurrirían en doble militancia", declaró, insinuando la posibilidad de un efecto dominó que podría afectar a más miembros del partido en el Congreso, alterando significativamente la composición política de la cámara.
Defensa de independencia ante cuestionamientos familiares
En medio de la polémica, Calderón España enfrentó preguntas sobre sus vínculos familiares, específicamente su relación con su hermano Germán Calderón España, quien mantiene cercanía con el entorno del político Abelardo de la Espriella. El veedor marcó distancia categórica, aclarando que no tiene relación política con su hermano y que su labor como veedor ha sido completamente independiente.
"Yo voté por Gustavo Petro, pero no milito en ningún partido", afirmó Calderón, recordando además que en el pasado ha presentado demandas contra figuras de diversos sectores políticos, demostrando, según su perspectiva, una actuación imparcial y basada en principios legales más que en afinidades partidistas.
Panorama incierto para el Pacto Histórico
Con este nuevo frente judicial abierto, el Pacto Histórico enfrenta un escenario de incertidumbre institucional. La coalición queda bajo la lupa de la justicia administrativa mientras espera la decisión del Consejo de Estado en los próximos meses. El caso no solo afecta a las congresistas directamente implicadas, sino que establece un precedente que podría influir en futuras interpretaciones sobre fusiones partidistas y requisitos de militancia en el sistema político colombiano.
La demanda representa un desafío significativo para la estabilidad de la bancada del Pacto Histórico en Bogotá y podría tener repercusiones nacionales dependiendo de cómo evolucione el proceso y si efectivamente se extiende a otros miembros del partido como ha anticipado el veedor ciudadano.
