Congresistas con expedientes judiciales aspiran a reelección en Colombia
Con apenas dos semanas restantes para las elecciones legislativas, más de 3.000 candidatos compiten por un lugar en el Congreso que se instalará el 20 de julio de 2026 y ejercerá funciones hasta 2030. Entre esta multitud, aproximadamente treinta aspirantes enfrentan procesos judiciales o investigaciones que ponen en duda su idoneidad para ocupar un curul.
Nombres emblemáticos en la mira
Figuras como John Moisés Besaile, Martha Peralta y Wadith Manzur –vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd)– lideran la lista de políticos cuestionados. A ellos se suman Berenice Bedoya, investigada por su gestión en Findeter y el Fondo de Adaptación, además de acusaciones por cobros irregulares a colaboradores.
El listado incluye también a David Racero, Miguel Polo Polo y otros congresistas cuyos expedientes generan ruidos significativos entre el electorado, según análisis recientes. Estos casos abarcan todos los partidos políticos y sectores ideológicos, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático.
Análisis exhaustivo de los expedientes
En el programa La Mesa Redonda de El Espectador, se examinaron detalladamente estos expedientes controvertidos. El análisis reveló:
- Casos pendientes en cortes que involucran a miembros del Pacto Histórico.
- Investigaciones a figuras del Centro Democrático por presuntas irregularidades.
- Incluso un candidato condenado que insiste en volver al Capitolio Nacional.
Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral y la calidad de la representación política. Los electores deben decidir si confían nuevamente en figuras cuyos nombres aparecen recurrentemente en titulares judiciales.
Impacto en el panorama político
La posible reelección de estos congresistas cuestionados podría reconfigurar el mapa de poder en Colombia, afectando la legitimidad del próximo Legislativo. Mientras los partidos políticos enfrentan el desafío de limpiar sus filas, la ciudadanía observa con preocupación cómo procesos judiciales pendientes no impiden candidaturas.
El blindaje electoral implementado para estas elecciones parece insuficiente ante la persistencia de candidatos con expedientes abiertos. Esto subraya la necesidad de mecanismos más efectivos para garantizar la integridad de quienes aspiran a representar al pueblo colombiano.
