Corte Suprema ordena captura de congresistas reelectos Wadith Manzur y Karen Manrique
La Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia expidió este jueves 12 de marzo, alrededor de las 8:00 de la mañana, las órdenes de captura en contra de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique. Esta decisión se produce luego de que, durante la noche del miércoles 11 de marzo, se dictara en su contra la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Incertidumbre sobre las curules legislativas tras reelección
La situación genera una gran incertidumbre sobre el futuro de sus curules, dado que ambos políticos fueron reelectos en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Wadith Manzur, del partido Conservador, había logrado un cupo para el Senado de la República, mientras que Karen Manrique, quien ocupa la curul especial para víctimas, mantendría su posición en la Cámara de Representantes.
Sin embargo, pese a no haber recibido una condena definitiva, ninguno de los dos podrá posesionarse en su curul correspondiente. Al tratarse de un presunto hecho de corrupción, se aplicará automáticamente la medida conocida como silla vacía, que se declara en estos casos o cuando los congresistas son acusados de mantener vínculos con grupos armados ilegales.
Explicación legal sobre la figura de silla vacía
Según explicó el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, "no podrá ser reemplazado el congresista que sea detenido, en este caso, por la comisión de delitos contra la administración pública". El experto añadió que, en el caso específico de Wadith Manzur, se presentan dos situaciones particulares: actualmente ejerce como representante a la Cámara y, simultáneamente, fue elegido como senador de la República durante los últimos comicios.
Esta medida judicial deja en suspenso tanto la transición de Manzur al Senado, que debía efectuarse el próximo 20 de julio, como la continuidad de Manrique en la Cámara Baja. La aplicación de la silla vacía garantiza que, mientras dure el proceso penal, las curules quedarán sin ocupante y no podrán ser asignadas a suplentes o nuevos candidatos.
El caso se enmarca dentro de los delitos contra la administración pública y refleja los mecanismos de control que existen sobre los miembros del Congreso. Las investigaciones continúan en desarrollo, mientras la Corte Suprema mantiene la medida de aseguramiento que podría prolongarse durante todo el proceso judicial.
