En medio de una campaña presidencial cada vez más tensa, las amenazas contra candidatos se han convertido no solo en un factor de riesgo, sino en un recurso estratégico y de debate político entre los competidores. El recrudecimiento de esas alertas, marcadas por el recuerdo del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, reabre incógnitas sobre cómo están impactando esas intimidaciones en la contienda democrática.
Denuncias de amenazas y reacciones
En las últimas semanas, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas y sus fórmulas han denunciado estar siendo amenazados, y hasta se habla de planes de asesinato contra algunos de ellos. Iván Cepeda y Aída Quilcué; Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo han denunciado amenazas de organizaciones criminales.
“Esas denuncias generan un riesgo que hay que determinar y debe protegerse la vida y la integridad de los candidatos, sus familias y sus equipos, pero dentro de esa narrativa es posible construir un fenómeno de victimización o revictimización que puede llevar a repuntes en los sondeos”, explica Jorge Yarce Tamayo, analista político de la Universidad Central.
Juan Nicolás Garzón, docente de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana, señala que esas amenazas trastocan el proceso electoral de manera inconveniente e indeseable y generan escenarios más radicalizados. “Suelen cruzarse acusaciones, así sean tácitas, de cada una de las partes en contienda, y se trata de señalar a los contradictores políticos como responsables directos e indirectos. Esto radicaliza a las partes y polariza aún más un contexto ya bastante caldeado”, indica.
Acusaciones cruzadas entre campañas
Ese ha sido el ‘juego’ de los últimos días: las candidaturas de derecha han señalado a las de izquierda como responsables, y las de izquierda han acusado a las de derecha. Abelardo de la Espriella, quien ha sido blanco de amenazas desde antes de iniciar la campaña, insinuó algo similar contra Iván Cepeda. “Nos amenazan a nosotros, pero mira que a Cepeda nunca lo amenazan, eso no es fortuito”, dijo en una entrevista. Paloma Valencia también ha sugerido lo mismo, asegurando que los violentos han tratado de apoyar a Cepeda.
No obstante, Cepeda reveló un posible plan para atentar contra su vida, respaldado por el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la CIA tiene datos concretos. Sin embargo, el senador republicano Bernie Moreno desmintió esa información, negando que funcionarios estadounidenses conozcan de tal amenaza. Además, el ELN aclaró que no prepara un atentado contra Valencia, luego de que su campaña solicitara medidas de seguridad.
Para Yarce, “sí se pueden utilizar las denuncias como un mecanismo para generar impacto positivo en algunas campañas, sobre todo cuando tienen acceso a medios institucionales que generan resonancia”. En contraste, Garzón opina que “las acusaciones sueltas son graves, generan zozobra y radicalizan posiciones, pero sin pruebas contundentes terminan generando ruido innecesario”.
Impacto en la primera vuelta
Las fuentes consultadas indican que ya se han visto consecuencias. “El impacto se refleja en las restricciones para acceder a ciertos territorios, porque a los esquemas de seguridad se les sugiere no asistir a eventos públicos en ciertas regiones”, anota Yarce. El politólogo Alejandro Echeverry advierte que muchos candidatos han puesto a sus fórmulas vicepresidenciales a recorrer zonas del país, aunque las apariciones públicas no han disminuido.
Las campañas han hecho llamados al Estado para garantizar condiciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró que “las campañas más robustas tienen al menos 30 hombres de seguridad, y esos esquemas cuestan no menos de 500 millones de pesos mensuales”. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, mencionó que “tenemos garantías razonables en grandes ciudades, pero para alguien de Suiza o España no lo son”.
Garzón reconoce que “riesgos hay muchos, pero no creo que exista un riesgo de fraude electoral a gran escala, como ha sugerido el Presidente. Sí hay riesgos electorales en zonas donde operan grupos armados ilegales”. Finalmente, Yarce aclara que “no se puede dejar de reconocer que Colombia sigue siendo profundamente violenta, lo que genera incertidumbre y repercusiones económicas y sociales”.
