Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea decidió este jueves remitir a España y Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto las normas acordadas para reforzar el sistema de comercio de derechos de emisión de la UE.
Incumplimiento de España
Según Bruselas, España no ha comunicado las medidas adoptadas para adaptar a su ordenamiento jurídico nacional la Directiva de 2023, que modifica la normativa que establece un Sistema de Comercio de Derechos de Emisión. El plazo de transposición finalizaba el 31 de diciembre de ese año. Tampoco ha notificado la transposición de algunas partes de la directiva del mismo año relativa a la revisión de las normas del sistema de comercio de emisiones aplicables al sector de la aviación, cuyo plazo también vencía en esa fecha.
Caso de Polonia
En el caso de Polonia, la denuncia se refiere únicamente a la no transposición de la segunda directiva, la relacionada con la aviación. La Comisión recordó en un comunicado que estas normas revisadas refuerzan la contribución del sector de la aviación a los objetivos climáticos de la UE e implementan el régimen de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional.
Importancia de la transposición
La Comisión subrayó que la transposición completa de estas directivas garantiza el correcto funcionamiento del sistema en la UE, evitando distorsiones en el mercado interior y alineando el sistema con los objetivos climáticos de la UE para 2030 establecidos en la Ley Europea del Clima.
Antecedentes del proceso
En enero de 2024, la Comisión ya había enviado cartas de requerimiento a 26 Estados miembros por no haber transpuesto íntegramente las dos directivas a su legislación nacional. Un año después, en mayo de 2025, Bruselas pasó a la siguiente fase, con el envío de dictámenes motivados a 12 Estados miembros por no haber transpuesto o haber transpuesto solo parcialmente estas directivas.
Sanciones solicitadas
Por consiguiente, la Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades hasta la fecha han sido insuficientes y, por lo tanto, remite a España y Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicita sanciones económicas.
