Bruselas, 3 jun (EFE).- El Gobierno de Bélgica ha tomado la decisión de eliminar la obligatoriedad del triángulo de emergencia vial a partir del 1 de junio de 2027, con el objetivo de prevenir accidentes por atropello en situaciones de avería o siniestro vehicular. Así lo informó la prensa local este miércoles.
Declaraciones del ministro de Movilidad
En una respuesta parlamentaria divulgada el martes, el ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, señaló que "colocar el triángulo implica riesgos" y que, una vez entre en vigor el nuevo código de circulación el próximo verano, "bastará con utilizar todos los intermitentes" para señalizar cualquier incidente en la vía.
En caso de que no sea posible emplear los cuatro intermitentes, el ministro agregó que se deberá continuar colocando el triángulo o una luz intermitente portátil de color amarillo.
Riesgos respaldados por la Policía Federal
La Policía Federal de Carreteras también ha alertado sobre la peligrosidad del triángulo, ya que obliga al conductor a descender al arcén para instalarlo, exponiéndose al riesgo de ser atropellado.
Datos de la Agencia de Carreteras y Tráfico de la región de Flandes (AWV) revelan que cada año se producen entre cinco y diez accidentes mortales o con lesiones graves en los arcenes.
Normativa actual y comparación con España
Actualmente, en Bélgica es obligatorio colocar el triángulo vial a 100 metros de distancia del vehículo detenido en autopista y a 30 metros en el resto de vías. El incumplimiento de esta norma conlleva una multa de 58 euros.
El Instituto de Seguridad Vial VIAS apoya la eliminación del triángulo y sugiere fijarse en el sistema español, que suprimió la obligatoriedad del triángulo el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, en España es obligatorio usar la baliza V-16, un dispositivo luminoso y conectado que se coloca en el techo del vehículo, evitando así que el conductor tenga que salir al arcén.
El ministro belga evitó pronunciarse sobre la posible implementación de una baliza similar en la legislación belga hasta que las autoridades españolas evalúen su funcionamiento.
