En el marco del Día Nacional del Campesino, celebrado este 2 de junio, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta sobre las difíciles condiciones que enfrentan millones de mujeres en las zonas rurales de Colombia. Según el organismo, las decisiones tomadas en las ciudades no han logrado mejorar la calidad de vida de las campesinas, quienes continúan viviendo en un escenario marcado por la pobreza, la inequidad y la violencia.
Una realidad desigual en el campo
El comunicado de la Defensoría señala que la institucionalidad en su conjunto —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— no ha podido mitigar las problemáticas que afectan a las mujeres rurales. Esto tiene consecuencias no solo para la igualdad de género, sino también para la soberanía alimentaria del país. Datos del DANE indican que cerca de 5 millones de mujeres producen el 70 % de los alimentos que llegan a las ciudades, pero casi una de cada cuatro vive en condiciones de pobreza multidimensional.
“Persisten problemáticas que afectan de manera estructural el acceso a la tierra en la ruralidad y desigualdades de género que tienen impactos diferenciados sobre poblaciones donde habitan mujeres campesinas, de la pesca y pueblos étnicos”, explicó la Defensoría.
Fallas estructurales del Estado
Ángela María Penagos, directora de la CEPAL en Bogotá, señaló que la desigualdad ha colonizado todos los ámbitos de la vida de las mujeres rurales, desde lo económico hasta la autonomía financiera. Una de las principales causas es el trabajo de cuidado no remunerado, que históricamente ha recaído en ellas. “La tradición en las zonas rurales les ha asignado labores que no se pagan, pero son productivas, como el cuidado de la huerta, el manejo de semillas, la atención de animales y la alimentación de peones. Si ellas no hicieran estas actividades, habría que pagarle a alguien”, explicó Penagos.
El Congreso también ha fallado al dilatar la discusión de la Jurisdicción Agraria, una plataforma judicial que busca agilizar los conflictos rurales. La Corte Constitucional y diversas organizaciones campesinas han reclamado su aprobación, pero el Legislativo ha priorizado otros proyectos. Si no se aprueba antes del final de la legislatura, la iniciativa quedaría sepultada hasta el próximo periodo congresional.
Retos pendientes
La Defensoría insta al Ejecutivo a dictar directrices que cierren las brechas económicas, educativas y de participación para las mujeres rurales. Es necesario “avanzar en la democratización del acceso a la tierra, con seguridad jurídica y ordenamiento social, además de corregir las brechas del catastro multipropósito para que el patrimonio y la tierra difícilmente obtenida por el campesinado no se afecte gravemente”.
En 2023, el Estado se comprometió a brindar un trato diferencial a los campesinos como resarcimiento por décadas de marginación y conflicto. Sin embargo, la Defensoría advierte que todas las instituciones deben articular recursos, esfuerzos y voluntad política para cumplir esa promesa. De no hacerlo, el campo corre el riesgo de quedar desierto y sin mujeres que dediquen sus vidas a producir alimentos.
Colombia depende de las manos campesinas para alimentarse, pero aún no les garantiza las mismas oportunidades para prosperar en la tierra que trabajan.
