El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de conceder indultos a criminales de lesa humanidad condenados por delitos cometidos durante la dictadura civil militar que gobernó el país entre 1973 y 1990. En una entrevista con CNN Chile, Rabat señaló que "las circunstancias del caso van a permitir responder aquello".
"A veces no se trata solamente del delito, propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes que están en el expediente respectivo", afirmó el ministro.
Consultado directamente sobre posibles indultos a violadores de derechos humanos, Rabat subrayó que "va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente".
Rabat, quien integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs —investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos—, indicó que hasta la fecha el Gobierno ha recibido más de cuarenta solicitudes de indulto presidencial. Algunas de estas solicitudes están relacionadas con crímenes de lesa humanidad, con la ola de protestas de 2019 y con delitos comunes.
Durante su campaña, el presidente José Antonio Kast se mostró abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet, como Miguel Krassnoff, quien fue sentenciado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de opositores políticos durante la dictadura.
Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos en Chile han manifestado su preocupación por estas declaraciones y por otras señales emitidas por el Ejecutivo. Entre ellas, la decisión de no alegar frente a la solicitud de beneficios carcelarios que resultó en la liberación en mayo pasado de un condenado por 86 casos de desaparición forzada.
Además, desde la llegada de Kast al poder, la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el organismo más relevante en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad y donde se aloja el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, ha sufrido un recorte presupuestario de cerca de un millón de dólares.
Según ha confirmado el Gobierno, el presidente chileno también considera indultos a policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de la ola de protestas de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura. Kast califica estos hechos como "estallido delictual", en referencia a los episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público registrados durante los actos vandálicos.
Durante la represión de las protestas, murieron más de una treintena de personas y decenas sufrieron ceguera y otras lesiones oculares por disparos de las fuerzas de seguridad.
El indulto presidencial en Chile es una facultad amparada en la Constitución, que permite perdonar (remitir), reducir o sustituir (conmutar) la pena de un condenado con sentencia en firme y ejecutoriada.
