Bogotá, 8 de junio (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia y la Procuraduría General de la Nación expresaron este lunes su condena por el asesinato a tiros del abogado y defensor de derechos humanos Steven Portillo Gómez, ocurrido en Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país. Portillo, de 30 años, se desempeñaba como funcionario de la Defensoría del Pueblo en la seccional de Caldas y había recibido amenazas en los últimos días, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).
Detalles del crimen
De acuerdo con Indepaz, Portillo fue asesinado en la víspera en el sector de La Violeta, cuando unos hombres que se transportaban en una motocicleta le dispararon. La Defensoría del Pueblo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, manifestó: "No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la defensa pública. Expresamos nuestra solidaridad con su familia".
Reacción de las autoridades
Por su parte, el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, repudió el crimen de Portillo, quien residía en Chinchiná, a menos de una hora de Manizales. El jefe del Ministerio Público expresó su solidaridad con la familia y los colegas de la víctima en la Defensoría del Pueblo y exigió la captura y sanción de los responsables de este hecho.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la operación de grupos armados ilegales en Manizales y aseguró que esto "representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población". En un informe de seguimiento, el organismo advirtió que esta ciudad de la zona cafetera del país "es utilizada como lugar de refugio y repliegue para integrantes de estructuras criminales y grupos armados que operan a escala regional".
Contexto de violencia en la región
El asesinato de Steven Portillo Gómez se suma a una serie de homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia, una situación que ha sido denunciada por diversas organizaciones nacionales e internacionales. La Defensoría del Pueblo ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y ha hecho un llamado a las autoridades para que se investiguen estos crímenes y se garantice la seguridad de quienes trabajan en la defensa de los derechos fundamentales.
Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del asesinato. Mientras tanto, la comunidad de Manizales y el departamento de Caldas se encuentran consternados por este hecho violento que enluta a la región.
