El asesinato de la periodista Silvia Duzán y tres líderes campesinos, ocurrido el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso contra el Estado colombiano el pasado 14 de abril de 2026.
Detalles del caso
Las víctimas fueron Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga, miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), junto con la periodista Silvia Duzán, quien cubría la situación de la región.
Contexto de violencia
La ATCC surgió en el Magdalena Medio, una zona marcada por la presencia de guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales. Sus integrantes promovían la resistencia no violenta y habían denunciado amenazas previas.
En febrero de 1990, hombres armados irrumpieron en una reunión de los líderes campesinos y Duzán, disparándoles a quemarropa. Posteriormente, los familiares de las víctimas sufrieron amenazas, persecuciones y desplazamiento forzado.
Fallas en la investigación
El caso fue investigado por la Fiscalía y la justicia penal militar, pero sin resultados. Aunque se procesó a presuntos responsables, incluidos agentes estatales vinculados a grupos paramilitares, todos fueron absueltos. Más de tres décadas después, no hay condenas.
La CIDH concluyó que los hechos ocurrieron en un contexto de alto riesgo para defensores de derechos humanos, con estigmatización y señalamientos por parte de actores armados. El Estado no adoptó medidas de protección suficientes, a pesar de las denuncias de riesgo.
Violaciones de derechos
La Comisión determinó que el asesinato de los líderes campesinos afectó sus derechos a la libertad de expresión y asociación. En el caso de Duzán, destacó su vulnerabilidad por su labor periodística y la información que recopilaba, estableciendo una relación directa entre su asesinato y el ataque a los campesinos.
La CIDH también señaló graves fallas en la investigación judicial, como dilaciones, inactividad y la intervención de la justicia penal militar, lo que vulneró el derecho al juez natural y contribuyó a la impunidad.
Solicitudes a la Corte IDH
La CIDH pidió a la Corte IDH ordenar medidas de reparación integral para los familiares, atención en salud física y mental, reactivar las investigaciones penales y adoptar garantías de no repetición, incluyendo capacitación a funcionarios judiciales en casos de violencia contra defensores de derechos humanos y estructuras paramilitares.
Con base en estos elementos, la Comisión concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de múltiples derechos fundamentales, como la vida, integridad personal, libertad de expresión, asociación, garantías judiciales y protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares.
