Gladys Cortés, junto a sus hijos, sostenía fotos de su hija Manuela Silva, privada de la libertad en México desde hace año y medio. La imagen refleja la lucha de una madre por la justicia.
La detención y el engaño
El 25 de octubre de 2024, Manuela Fernanda Silva Cortés, de 23 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de México. En su maleta hallaron ketamina mezclada con polvo saborizante. Ella aseguró que no sabía que transportaba droga; había sido engañada por un comerciante que usaba la empresa de encomiendas donde trabajaba con su madre.
La investigación en Colombia reveló que el responsable confesó que Manuela era inocente. Sin embargo, en México, la justicia la mantuvo en prisión preventiva durante casi dos años, a pesar de que una jueza la absolvió el 31 de marzo de 2026. La decisión no quedó firme por una apelación de la Fiscalía, y Manuela permaneció encarcelada dos meses más.
El sistema penitenciario mexicano
El Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, donde estuvo recluida, alberga a casi seis mil personas. Las condiciones son duras: celdas pequeñas, falta de privacidad y comida que intoxicó a Manuela en varias ocasiones. Las visitas son limitadas y el tiempo con los familiares no supera las dos horas.
Expertos como Corina Giacomello señalan que el sistema penal mexicano es punitivo y no distingue entre víctimas y delincuentes. Las mujeres extranjeras, como Manuela, enfrentan un aislamiento crítico y prejuicios sociales.
El papel de las políticas de drogas
La ketamina, una sustancia anestésica disociativa, fue reclasificada en México en 2014 como psicotrópico, con penas de 10 a 20 años de prisión. Sin embargo, la persecución se centra en los eslabones débiles de la cadena criminal, no en los grandes distribuidores. La reforma de diciembre de 2024 incluyó la ketamina en la lista de delitos del Artículo 19, lo que dificulta la libertad bajo fianza.
El caso de Manuela evidencia las fallas del sistema: a pesar de ser declarada inocente, la burocracia y la presión política la mantuvieron presa. Su abogado, Eduardo Vidaurri, calificó la situación como inédita en sus 20 años de carrera.
El impacto en la familia
Gladys Cortés, madre soltera de cinco hijos, viajó constantemente a México para apoyar a su hija. Durante los casi dos años de encierro, Manuela sufrió depresión, pensamientos suicidas y pérdida de oportunidades. "Todo lo que uno puede perder en casi dos años de encierro... aquí pierdes la dignidad", relató Manuela en una llamada desde la prisión.
Finalmente, hace tres días, un tribunal de apelación reconoció su inocencia y ordenó su deportación a Colombia. Gladys insiste en que las autoridades mexicanas tenían información para desarticular la red criminal, pero prefirieron mantener el foco en su hija.
Un llamado a la reforma
El caso de Manuela Silva es un ejemplo de cómo las políticas punitivas de drogas afectan desproporcionadamente a las mujeres y a los más vulnerables. Organizaciones como Dejusticia abogan por un enfoque de género en la reforma de las políticas de drogas en América Latina.
"Nada repara lo que nos han hecho", concluye Gladys, mientras su hija intenta retomar su vida tras una experiencia que marcó su juventud.
