Universidades privadas enfrentan pago de $135.000 millones por impuesto al patrimonio
En medio de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar el déficit fiscal, un decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha generado una profunda controversia en el sector educativo colombiano. La disposición obliga a decenas de universidades privadas a contribuir con un impuesto al patrimonio, lo que representa un impacto financiero sustancial en sus presupuestos operativos.
Alcance y aplicación del decreto tributario
Según el documento oficial, las personas jurídicas cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT) deberán pagar este tributo. El patrimonio líquido se calcula tomando el total del patrimonio bruto menos las deudas vigentes del contribuyente en la misma fecha.
De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana, entre 75 y 80 instituciones de educación superior tendrían que aportar alrededor de 135.000 millones de pesos. Este monto equivale aproximadamente a 14.000 o 15.000 matrículas completas, lo que se traduce en un golpe significativo para las finanzas de las universidades privadas.
Impacto directo en el sistema educativo superior
Universidades reconocidas como:
- Universidad Externado de Colombia
- Pontificia Universidad Javeriana
- Pontificia Bolivariana
- Universidad de los Andes
Se encuentran entre las instituciones que deberán desembolsar estos recursos considerables. Voceros del sector educativo han advertido que la medida afecta directamente la sostenibilidad financiera de las universidades privadas, que ya enfrentan limitaciones derivadas de la gratuidad en el sistema público de educación superior.
Argumentos del sector universitario y posición legal
Las instituciones de educación superior han solicitado formalmente al Gobierno Nacional que se les excluya de este tributo, argumentando su carácter de entidades sin ánimo de lucro y su función de servicio público en la educación colombiana. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado en jurisprudencia reciente que la falta de liquidez no exonera del pago de impuestos, dejando a las universidades privadas sin alternativas legales frente a esta obligación tributaria.
Esta situación crea un escenario complejo donde las universidades deben equilibrar sus compromisos educativos con las nuevas cargas fiscales, en un momento donde el sector educativo enfrenta múltiples desafíos presupuestales y operativos.
