El decreto de emergencia que grava universidades privadas reaviva debate constitucional
El reciente decreto de emergencia del Gobierno colombiano (número 0173), que somete a tributación a las instituciones privadas de educación superior, ha revivido una narrativa que en los últimos años ha ganado espacio en el debate público nacional. Esta medida fiscal ha puesto sobre la mesa la idea de que estas instituciones son "ricas" y operan como "negocios de particulares", una percepción que expertos consideran profundamente equivocada.
Una declaración política con implicaciones constitucionales
Gravar a las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas no representa únicamente una decisión fiscal orientada a atender necesidades coyunturales del país. Es, sobre todo, una declaración política que revela una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación superior en Colombia. Nuestro sistema educativo es mixto por diseño constitucional, combinando componentes públicos y privados al servicio de un mismo bien público fundamental: el derecho a la educación.
Conviene comenzar por lo esencial: la educación superior no es una mercancía. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, establece con absoluta claridad que la educación es un derecho de la persona y un servicio público con función social. No puede considerarse un lujo ni un privilegio, ni reducirse a la lógica simplista de un bien transable en el mercado. La educación representa un pilar estructural del Estado social de derecho colombiano.
La realidad operativa de las universidades privadas
Equiparar a las IES privadas con empresas cuyo fin primordial es la rentabilidad económica desconoce completamente su régimen jurídico y su realidad operativa concreta. En Colombia, las instituciones privadas de educación superior son entidades sin ánimo de lucro, al igual que las estatales. Estas organizaciones no distribuyen utilidades entre accionistas ni reparten dividendos a particulares.
Los excedentes financieros, cuando existen, se reinvierten sistemáticamente en infraestructura educativa, investigación científica, bienestar estudiantil integral, subsidios educativos directos, tecnología de punta y expansión territorial de la cobertura. Durante décadas, las IES privadas han funcionado como aliadas estructurales del Estado colombiano en la ampliación de cobertura educativa, la regionalización de la educación superior y la formación de talento humano especializado en territorios donde la oferta pública resulta insuficiente.
Impacto social y compromiso con poblaciones vulnerables
Estas instituciones han atendido históricamente a población de ingresos medios y bajos, han financiado matrículas mediante descuentos sustanciales y apoyos internos directos, han invertido significativamente en acompañamiento académico personalizado para reducir la deserción estudiantil y han promovido impacto social positivo en múltiples regiones del país. Por tanto, resulta injusto y conceptualmente equivocado presentarlas como un conglomerado de élite desconectado de la realidad social colombiana.
Las IES privadas pueden poseer activos significativos como campus universitarios, laboratorios especializados, bibliotecas extensas y tecnología avanzada, pero estos recursos están completamente al servicio de la calidad de la educación superior y para beneficio de toda la población colombiana. Simultáneamente, estas instituciones operan frecuentemente con márgenes operativos extremadamente estrechos y presupuestos tensionados.
Transparencia y responsabilidad institucional
Por supuesto, las IES privadas deben mantener altos estándares de transparencia y rendición de cuentas públicas. Su responsabilidad social debe demostrar eficiencia administrativa, calidad educativa certificada e impacto social medible y verificable. Desde una visión estatal responsable, no se puede simplificar una realidad compleja confundiendo ingresos operacionales con utilidades distribuidas, o mejor dicho, excedentes netos destinados exclusivamente a reinversión educativa en nuestro contexto nacional específico.
Consecuencias sobre estudiantes y familias colombianas
El impacto real de esta medida fiscal no recae sobre "supuestos accionistas invisibles o dueños particulares", sino directamente sobre estudiantes y familias colombianas de todos los estratos socioeconómicos. En un contexto de cambio demográfico acelerado, competencia creciente por recursos y márgenes financieros ajustados, imponer nuevas cargas tributarias presiona las estructuras financieras ya tensionadas de estas instituciones educativas.
La educación superior no puede convertirse en una variable de ajuste fiscal ni en un símbolo ideológico simplista. Representa un servicio público con función social constitucionalmente reconocida, un derecho fundamental garantizado y un instrumento central de movilidad social para millones de colombianos. La paradoja resulta evidente: en nombre de la equidad social, esta medida podría terminar reduciendo el acceso educativo, limitando la inversión en calidad académica o encareciendo indirectamente la educación para quienes más necesitan oportunidades de superación personal y profesional.
