Petro promulga histórica reforma a la Ley 30 para fortalecer financiación de universidades públicas
En un acto celebrado en Popayán, el presidente Gustavo Petro firmó este miércoles la reforma a la Ley 30 de 1992, marcando un hito en la financiación de la educación superior pública en Colombia. Esta modificación, que había recibido luz verde del Congreso a finales de 2025, cambia sustancialmente los mecanismos de asignación presupuestal para las instituciones de educación superior estatales.
Un cambio estructural en la financiación universitaria
La reforma modifica específicamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30, vigente desde hace más de tres décadas. La iniciativa fue aprobada en su último debate en la Cámara de Representantes con 116 votos a favor y ninguno en contra, demostrando un consenso político poco común en materia educativa.
El cambio más significativo radica en el cálculo del incremento presupuestal anual. Mientras la ley anterior utilizaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia, la nueva normativa adopta el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que refleja de manera más precisa los gastos reales del sector.
Corrigiendo un desajuste histórico
El Ministerio de Educación explicó en un comunicado oficial que "la nueva ley corrige ese desajuste histórico" que había generado una desfinanciación acumulada de COP 18 billones durante 2025. Este desbalance se producía porque el IPC no consideraba factores esenciales como:
- El incremento en el número de estudiantes matriculados
- Los aumentos salariales del personal docente
- Los costos de mantenimiento de laboratorios y tecnología
- La expansión de la infraestructura universitaria
"A partir de ahora, el aumento de los ingresos de las IES públicas estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente que sí reconoce los gastos propios del sector", precisó el Mineducación.
Mayores aportes de la Nación y objetivos estratégicos
La reforma incluye otro ajuste fundamental en el artículo 87 de la Ley 30. Los aportes adicionales de la Nación para la educación superior pública se incrementarán anualmente en un mínimo del 70% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), superando significativamente el 30% establecido en 1992.
Según el Ministerio de Educación, la Ley 2568 de febrero de 2026 establece "un nuevo modelo de financiamiento orientado a fortalecer la oferta pública y garantizar sostenibilidad a largo plazo". Los recursos adicionales se destinarán específicamente a:
- Ampliar la cobertura educativa en todo el territorio nacional
- Cerrar las brechas regionales en acceso a educación superior
- Fortalecer la formalización laboral del personal universitario
- Mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas
Impacto en la universidad pública más grande del país
La Universidad Nacional de Colombia, como la institución de educación superior pública más grande del país, será una de las principales beneficiadas con esta reforma. La modificación llega en un momento crítico, cuando muchas universidades públicas enfrentaban severas restricciones presupuestales que limitaban su capacidad de expansión y modernización.
La promulgación de esta reforma representa un paso significativo en el cumplimiento de las promesas de gobierno en materia educativa y establece un precedente importante para el futuro de la educación superior pública en Colombia.
